El Plan Anual de Gestión (PAG) de Sacyl para el año 2023 tiene como objetivo consolidar la calidad, accesibilidad y sostenibilidad del sistema público de salud de la Comunidad, que se enfrenta a importantes retos como la falta de profesionales o la pandemia del Covid-19.

El presupuesto asignado al PAG es de 4.613 millones de euros, lo que supone un máximo histórico y sitúa a Castilla y León como una de las regiones con mayor inversión sanitaria por habitante (2.054 euros).

Entre las medidas previstas se encuentran mejorar la accesibilidad y las condiciones laborales de los profesionales de Atención Primaria, que cuenta con una dotación de 1.538 millones de euros.

Con el Plan se pretende optimizar la calidad en la prevención y promoción de la salud, con especial atención a los colectivos más vulnerables como personas mayores, dependientes, discapacitados o en riesgo de exclusión social, así cómo incidir en algunos procesos concretos como el maltrato infantil o juvenil, el cribado de la fragilidad en ancianos, las personas fumadoras, la diabetes, los cuidados paliativos, la fibromialgia o el Covid persistente.

Uno de los objetivos del plan es potenciar la Atención Hospitalaria (que dispone de 2.737 millones), con el fin de mejorar los tiempos máximos garantizados para intervenciones quirúrgicas o pruebas diagnósticas además de impulsar el desarrollo e implantación del Plan Estratégico para el Abordaje Integral del Cáncer en Castilla y León 2020-2025.

El Plan permitirá reforzar las áreas sanitarias integradas mediante convenios específicos entre hospitales comarcales y provinciales o regionales y avanzar en el proceso asistencial integrado entre niveles asistenciales mediante programas específicos como el Programa Paciente Activo (PACAP) o el Programa Paciente Crónico Complejo (PCC).

Para fortalecer la Salud Pública se han presupuestado 191 millones, con el fin de mejorar las capacidades diagnósticas y epidemiológicas frente al COVID-19 y otras enfermedades transmisibles o no transmisibles.

Otras medidas son la consolidación de las estrategias autonómicas frente al tabaquismo, alcoholismo u obesidad infantil; impulsar acciones preventivas dirigidas a grupos poblacionales específicos como mujeres embarazadas o adolescentes y mejorar los Servicios Centrales.