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Juan Ramón Represa
Lunes, 5 de marzo de 2012

La reforma laboral y la huelga

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"No voy a ser yo quien cuestione ese sagrado derecho fundamental, sencillamente porque es incuestionable; pero sí la oportunidad de su ejercicio y la forma en que se está cuajando la convocatoria de una posible huelga general."

El artículo 28.2 de la Constitución Española reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. Este artículo está incluido dentro del Título I, dedicado a los Derechos y Deberes Fundamentales.

No voy a ser yo quien cuestione ese sagrado derecho fundamental, sencillamente porque es incuestionable; pero sí la oportunidad de su ejercicio y la forma en que se está cuajando la convocatoria de una posible huelga general.

Son muchas las razones que existen para justificar la reforma laboral que el gobierno del Partido Popular ha puesto sobre la mesa. Muchas. Más de 5 millones de razones, que, tratándose de personas sin empleo, familias sin uno sólo de sus miembros en activo y jóvenes mendigando una ocupación y emigrando a otros países para encontrarla, se me antoja que ese número de razones resulta infinito.

La reforma laboral es una necesidad si queremos solucionar el principal problema que tiene España: que los ciudadanos quieran trabajar y no puedan. Es la reforma que necesita España para que dejemos de ser el país que más empleo destruye en toda Europa. Es una reforma que piensa en los ciudadanos. Pone especial atención en los jóvenes, parados de larga duración y personas con cargas familiares. Flexibiliza el mercado laboral y abarata la contratación para incentivar la creación de puestos de trabajo incorporando la formación profesional como un derecho más del trabajador, que le acompañará durante toda su vida laboral. Se ponen en marcha mecanismos contra el absentismo laboral injustificado, la economía sumergida y el trato discriminatorio, y limita el encadenamiento de contratos temporales.

Con la reforma laboral promovida por el gobierno de Mariano Rajoy el despido será el último recurso gracias a fórmulas pactadas con el trabajador, que permitirán salvar los puestos de trabajo, de igual forma que se facilitará a los autónomos y pymes tener más oportunidades y posibilidades para mantener su empresa teniendo en cuenta que son los principales creadores de empleo en nuestro país.

Todo ello con un doble objetivo: frenar a corto plazo la destrucción de puestos de trabajo que sufre España y poner las bases para la creación de empleo estable cuanto antes.

¡Cuántos dirigentes del PSOE, la mayoría en privado y algunos de ellos públicamente, lamentan que estas medidas no se hayan tomado anteriormente!

No se entiende muy bien que los sindicatos, callados durante tantos años en los que se han alcanzado las cifras más altas de paro en nuestro país, protesten ahora una reforma laboral que facilitará a las empresas y trabajadores adaptarse a las circunstancias económicas desfavorables.

Para mí que la finalidad de la anunciada huelga general no es laboral sino política. Las supuestas reivindicaciones laborales y también sindicales son una excusa para enmascarar objetivos puramente políticos, separados de los intereses de los trabajadores.

El PSOE, que ha propiciado esta situación con sus nefastas políticas, debería reconocer el error ante los españoles y pedir perdón por los males causados, que han sido muchos, millones. Prometieron el pleno empleo y sus gobiernos han infligido a España el mayor recorte de derechos conocido: más de 5 millones de personas en el paro. Quienes han destruido millones de puestos de trabajo, ahora se despachan organizando manifestaciones y alentando la huelga general más injustificada de toda la democracia.

Hay que confiar en que, de celebrarse la huelga, también se respete la opción de no secundarla.

Y si muchas son las razones que justifican y obligan a llevar a cabo la reforma laboral, otras tantas y algunas más son las que hay para no convocar la huelga general, porque lo único que conseguiría sería ahondar más la grave crisis que sufre España. Los sindicatos y otras fuerzas políticas deberían reflexionar y pensar en el grave daño que ocasionarían a España, a los parados y a los que conservan su puesto de trabajo; y también en la inoportunidad del planteamiento.

Juan Ramón Represa, senador del PP de Segovia

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