El caso de los supuestos espías a sueldo de la Comunidad de Madrid ha terminado. Según informa ELMUNDO.es, la juez titular del Juzgado de Instrucción número cinco de Madrid, Carmen Valcarce, ha dictado un auto de archivo de la investigación por falta de pruebas y de indicios de delito.

Fuentes conocedoras del auto de archivo explicaron que el mismo relata que “no se ha podido acreditar que haya habido seguimientos”. E incluso añade que aunque se hubieran acreditado, éstos no habrían constituido delito.

Hasta la fecha, la juez mantenía como imputados al ex director general de Seguridad del Gobierno regional, Sergio Gamón, y a cuatro agentes de la Consejería de Interior. Los representantes legales del vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, del dirigente del PP Alfredo Prada y del PSOE les acusan de un delito de malversación de fondos públicos por haber, supuestamente, espiado a estos dos políticos.

Todo empezó en enero de 2009, cuando el diario ‘El País’ publicó que “la Comunidad de Madrid” había supuestamente espiado a Cobo y a Prada. Para probarlo, reprodujo unos supuestos partes escritos sobre folios en blanco en los que unos presuntos espías anónimos describían los movimientos de los dos políticos.

Poco después, ELMUNDO.es demostró que muchos de aquellos folios sin firma ni membrete relataban hechos falsos, ya que en varios casos decían que Prada estaba en Madrid cuando estaba volando hacia Bangkok o Bruselas. Otras veces, afirmaban que estaba en un restaurante cuando estaba en actos oficiales en otros lugares, actos documentados con fotografías.

Sin embargo, Prada y Cobo insistieron en que habían sido espiados. El vicealcalde llegó a acusar a Esperanza Aguirre de haber “montado una ‘Gestapillo’” también en una entrevista en el diario ‘El País’. El PP le castigó después con un año de suspensión de militancia por una infracción grave por estos y otros ataques a la presidenta del PP en Madrid en aquella entrevista.

El último informe policial que llegó a la juez -realizado con la información de Telefónica sobre los posicionamientos de los móviles de ocho agentes- no concluía que había habido espionaje. Y en el caso de Cobo, demostraba que jamás ninguno de ellos estuvo en Pozuelo, al contrario de lo que dicen los partes, donde vive el vicealcalde. Sí en el entorno de la plaza de Cibeles, donde está el Ayuntamiento y también seis consejerías que estos agentes se encargan de vigilar.

Por todo esto, la juez, que ha dirigido la investigación durante un año, ha concluido que no hay motivos suficientes para seguir investigando y cierra el caso por falta de pruebas e incluso de delito.