El desaguisado de la ITV y el ojo clínico de la consejera
Acostumbrados a los continuos revolcones judiciales de la Junta de Castilla, el varapalo que acaba de propinar el Tribunal Supremo sobre las tarifas de la Inspección Técnica de Vehículos se ha tomado poco menos que a beneficio de inventario. Y echando cuentas, la broma nos va a salir por no menos de 60 millones de euros.
En 7,5 millones se calcula la indemnización a recibir por las empresas concesionarias solamente por la congelación de las tarifas impuesta por la Junta en el año 2012. Pero faltan por salir las sentencias correspondientes a esa misma congelación en los años 2013 y 2014, así como la del contencioso contra la reducción de las tarifas aplicada a partir del 1 de enero de 2015.
Presumiblemente para lavar su mala conciencia por la aplicación del “centímazo” con el que venía gravando los combustibles, el gobierno de Juan Vicente Herrera decidió a finales de 2014 dar una alegría a transportistas y automovilistas, reduciendo en torno a un 20 por ciento las tarifas de la ITV. El argumento fue que Castilla y León era la comunidad autónoma española en la que más caro resultaba pasar dicha inspección, lo cual era rigurosamente cierto, si bien se obviaba que si ello era así era precisamente porque el contrato de adjudicación del servicio lo había permitido. El hecho es que la entonces consejería de Economía y Empleo, con Tomás Villanueva al frente, calculó en unos 10 millones de euros anuales lo que por cuenta de esa reducción nos íbamos a ahorrar los castellanos y leoneses. Todo estupendo si no fuera porque, como ahora se comprueba, se estaba tomando una decisión no ajustada a Derecho.
Ni que decir tiene que si tanto el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León como el Supremo han fallado contra la mera congelación de las tarifas, la condena a la Junta por reducirlas a partir de 2015 es impepinable. Con lo cual aquella alegría nos va a terminar saliendo por un pico, sin que por supuesto nadie asuma ninguna responsabilidad política por el desaguisado.
Cierto es que Villanueva dejó de ser consejero a mediados de 2015, pero el que sigue en su cargo es el director general de Industria, Carlos Martín Tobalina, firmante en su momento de las distintas resoluciones mediante las que se congelaron y redujeron las tarifas. Martín Tobalina no solo sigue siendo titular de esa dirección general, sino que la consejera Pilar del Olmo, con el ojo clínico que la caracteriza, le encomendó además las funciones de viceconsejero de Economía y Competitividad. Y ahí seguirá, faltaría más.
eltopillodecastillayleon@gmail.com
El blog de Pedro Vicente
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