Partido Popular y Ciudadanos han esperado al último día de plazo para perpetrar su veto a la comisión de investigación sobre el Covid y las residencias de ancianos solicitada por el grupo socialista, que, además de ser el mayoritario en la Cámara, contaba en esta iniciativa con la adhesión de los procuradores de Podemos, Unión del Pueblo Leonés y Por Ávila.

Y digo perpetrar por no utilizar otro verbo más grueso ante el infame rodillo aplicado por los dos partidos que comparten el gobierno autonómico para evitar que se esclarezcan las causas de la tragedia vivida en estos centros, en los que a fecha de hoy la pandemia se ha cobrado 3.338 vidas.

Por parte del PP dicho veto no tiene nada de particular, ya que con él vuelve a su ser natural, que es el que mostró cuando gobernaba con mayoría absoluta: impedir todas y cada una de las comisiones de investigación solicitadas por la oposición. El que se deja en el envite la poca credibilidad que le quedaba en materia de transparencia es Ciudadanos, que impide con sus votos que se investigues y esclarezcan las responsabilidades políticas de la mayor tragedia conocida en la historia de esta comunidad autónoma.

El papelón de Ciudadanos no tiene paliativos, ya que su portavoz, David Castaño, aseguró el pasado mes de junio, cuando no estaba sobre la mesa esta iniciativa, que, una vez que se emitiera el informe oficial encomendado a la consejería de Familia, su grupo no se opondría a la posible creación de una comisión de investigación sobre el Covid y las residencias. Y ahora se ha comido sus palabras para compartir el veto con el PP.

Para mayor inri, los socios que comparten el actual gobierno de la comunidad impiden crear esta comisión cuando están en abiertas en las Cortes otras dos perfectamente inútiles, la de los fondos MINER y la de la publicidad institucional de la Junta, que ellos mismos promovieron y que a estas alturas no aportan absolutamente nada. (Bueno sí, los 220 euros de dieta más gastos de kilometraje que se embolsan por sesión los procuradores no liberados que forman parte de ellas).

A falta de la investigación parlamentaria impedida por PP y C´s, el Procurador del Común ha emitido hace unos días un informe muy revelador acerca de la negligente actuación de la Junta en relación con el Covid y las residencias de ancianos. El Defensor constata que “muchas personas mayores murieron aisladas y solas” en unos centros “que tuvieron que asumir una responsabilidad para la que no estaban dotados de personal ni de medios adecuados”. Añade que se tomaron decisiones ineficaces para velar por la salud de los residentes y llega a una demoledora conclusión : “No pueden permitirse situaciones inhumanas e indignas, el mantenimiento de personas enfermas y críticas en los centros sin atención médica adecuada, sin priorizar las derivaciones de las contagiadas a los hospitales o a recursos alternativos viables”.

Se comprende así que PP y Ciudadanos quieran encubrir las responsabilidades políticas -ya veremos que ocurre con las penales- contraídas conjunta y solidariamente por las consejerías de Familia y Sanidad.