Este sábado se cumplirán cuatro semanas desde que el “decretazo” perpetrado por la Junta contra el personal sanitario dio al traste con la negociación que mantenían el gobierno Mañueco y los representantes del sector en orden a mejorar las condiciones en las que se presta la Sanidad Pública en Castilla y León. Como se recordará, los sindicatos se levantaron de la mesa sectorial, dieron por rota la negociación, pidieron la dimisión del presidente de la Junta (firmante único del “decretazo” en su condición de “autoridad competente delegada”) e iniciaron movilizaciones exigiendo la retirada de esa imposición legal.

A expensas de esa retirada, y como paso previo para desbloquear el conflicto, exigían una reunión directa con el propio Alfonso Fernández Mañueco, petición que, según la consejera de Sanidad, la atribulada Verónica Casado, no era fácil de atender de inmediato a causa de la apretada agenda del presidente de la Junta. Sin embargo, en su comparecencia parlamentaria del pasado día 1, en la que a Mañueco se le notó muy preocupado por contener la indignación del personal sanitario, el presidente se comprometió a reunirse con sus representantes, así como a no adoptar ninguna medida no consensuada en la mesa sectorial.

Y esta es la fecha sin que Mañueco haya encontrado un hueco en su “apretada” agenda, en la que mientra tanto han tenido cabida varios actos de partido y númerosas comparencias en medios nacionales de comunicación (los de Castilla y León parece que no tienen tan fácil acceder a una entrevista con el presidente).

Mañueco le ha cogido el gusto a las entrevistas en los medios nacionales, en los que se le suele preguntar por cuestiones de tipo general ante las que se desenvuelve con bastante comodidad. La que concedió ayer a Radio Nacional de España le hubiera quedado niquelada si no fuera porque Iñigo Alfonso sacó a relucir el festejo de la catedral de Burgos, asunto sobre el que el entrevistado no conseguió hilvanar una respuesta coherente, al punto de que se le ocurrió argumentar que 250 personas no eran tantas si se tienen en cuenta las dimensiones de la catedral burgalesa. Habida también cuenta de que el Coliseum de Burgos tiene capacidad para 9.000 espectadores y el San Pablo está obligado disputar sus partidos a puerta cerrada, el argumento (?) presidencial no hizo otra cosa que confirmar la trapacería urdida por la Junta para amparar la toma de posesión del nuevo arzobispo.