El Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León ha defendido que la Junta asuma las residencias de mayores y personas con discapacidad, titularidad ahora de las diputaciones y los ayuntamientos.
Ángel Ibañez, procurador por Burgos, indicó que la legislación actual permite que las comunidades puedan decidir sobre el reparto de competencias en servicios sociales y recordó a la oposición que a los ciudadanos “no les importa quien presta estos servicios, si no que lo que realmente les preocupa es que se haga bien”
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, y la procuradora del PP Irene Cortés defendieron el Acuerdo Marco de Servicios Sociales como “el mejor de la historia” con 316 millones para tres años, un 8 por ciento más.





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