Siempre se ha criticado la inveterada costumbre de las Cortes de Castilla y León de comenzar sus sesiones plenarias por la tarde para continuarlas durante la mañana siguiente, lo que genera el pago de dos dietas a los procuradores que carecen de dedicación exclusiva por cuenta de la Cámara. Bastaría distribuir las mismas horas durante la mañana y la tarde de la misma jornada para despachar a sus señorías con una sola dieta, ello con el consiguiente ahorro para el erario. Pero lo cierto es que las sucesivas Mesas de las Cortes, una tras otra, nunca se han dado por aludidas ante dichas críticas.

Sin embargo, en materia de cobro de dietas bastante más difícil de digerir es otro devengo que, según ha podido saber “El topillo”, está instaurado como algo normal, sin que ni siquiera cuando más ha arreciado la crisis nadie haya se haya planteado suprimirlo. Me refiero al cobro de las dietas por asistencia a los plenos de las Cortes por parte del presidente de la Junta y demás miembros de su gobierno que a su vez tienen la condición de procuradores, a saber, el vicepresidente José Antonio de Santiago Juárez y los consejeros Carlos Fernández Carriedo, Pilar del Olmo, Alicia García, Josefa García Cirac y Milagros Marcos.

Los siete se embolsan en cada pleno los mismos 440 euros correspondientes a las dos dietas que devengan los procuradores no “liberados” por cuenta de la Cámara, sinecura que además perciben limpia de polvo y paja, sin retención alguna ya que no tributa IRPF. Teniendo en cuenta que normalmente se celebran dos plenos al mes, tenemos así que Herrera y los seis citados se levantan un sobresueldo de 880 euros netos durante los nueve meses que abarcan los dos periodos ordinarios de sesiones parlamentarias.

Y no es por otra parte el único sobresueldo de que disponen los susodichos, ya que, al igual que el resto de los procuradores del PP, perciben otro de cuantía fija con cargo a la subvención oficial del grupo parlamentario. Todo ello sitúa las retribuciones reales de Herrera, del vicepresidente y de los consejeros mencionados en torno o por encima de los 100.000 euros anuales (en el caso de la consejera de Hacienda bastante por encima, ya solo su salario oficial se ha elevado en 2017 a 99.185 euros). Y esto sin contar, en el caso del presidente, la retribución en especie que supone el uso y disfrute de la vivienda-residencia que le sufraga la Junta en el centro de Valladolid.