El grupo municipal de Izquierda Unida denuncia un nuevo caso de infracción urbanística grave que ha prescrito por la inacción del equipo de Gobierno.

Luis Peñalosa informó en 2012 a la Junta de Gobierno de la construcción de dos edificaciones sin licencia urbanística en una parcela en la calle José María Heredero, en suelo no urbanizable y especialmente protegido.

El interesado presentó alegaciones y manifestó que la infracción debía calificarse como leve, entre otras razones, porque existía disposición voluntaria e inmediata de restaurar la legalidad infringida. El Instructor del Expediente fijó la sanción en 10.001 euros. En abril de 2013 se ordenó la demolición de las construcciones.

En mayo de 2014, la Arquitecta Técnica Municipal señaló en un informe que las obras de demolición no se habían ejecutado, por lo que se inició procedimiento de ejecución forzosa.

Tras el informe, el Ayuntamiento concedió al interesado un plazo de audiencia de 10 días, transcurrido el cual se requeriría a que comenzara la demolición ordenada en el plazo de un mes, con multas coercitivas de 1000 euros en caso de incumplimiento. “No se emitió el informe hasta un año después.

Tras registrar el propietario un escrito de alegaciones, en virtud del cual se dictó un decreto que archivó tanto el procedimiento de restauración de la legalidad como el procedimiento sancionador. En enero de 2016 la Alcaldía dictó un decreto con el se inició un procedimiento sancionador al propietario, cuyas alegaciones fueron desestimadas. Se impuso entonces una sanción de 70.000 euros y se requirió al interesado para que procediera a la demolición de las edificaciones ejecutadas sin licencia.

“No tiene sentido que se archivaran los procedimientos en 2014 y dos años después se vuelva a decir la obra es ilegal y se vuelva a iniciar tanto la sanción como la restitución de la legalidad. Da la impresión de que todo fue un paripé porque ya sabían que la infracción había caducado”, ha apuntado el portavoz municipal de IU Galindo.

Según detalla IU, el 24 de enero de 2017 una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo señaló que tanto el procedimiento de restauración de la Legalidad como el sancionador se notificaron al demandante con fechas 3 y 4 de febrero de 2016, habiéndose cumplido ya el plazo de prescripción, dado que las obras de los inmuebles construidos finalizaron el las navidades de 2011 y las obras en habían quedado fuera de ordenación.

“Llueve sobre mojado. Hace poco tuvimos el caso de Juan Cruz Aragoneses, y ahora esto. No entendemos cómo no ha dimitido todavía el concejal de Urbanismo o que alcaldesa no le haya cesado”, ha afirmado Galindo.