Con ello son ya dos los grupos parlamentarios que solicitan dicha comparecencia, ya que el pasado lunes el procurador de IU, José Sarrión, portavoz del grupo mixto, registró la solicitud de esa misma comparecencia. Lo de la “comisión correspondiente” tiene su aquel, toda vez que, si en circunstancias normales la misma sería la de Economía y Hacienda, sucede que los contratos inmobiliarios referentes a las sedes de la Junta en el extranjero están incluidos dentro del marco de la comisión parlamentaria constituida en su día para investigar tanto las compra de la “Perla Negra” y los terrenos de Portillo, como la denominada “trama eólica”.

Como se sabe, los trabajos de dicha comisión llevan paralizados dos años por decisión unilateral del PP, que, en contra de la postura de todos los demás grupos parlamentarios, ha bloqueado las 42 comparecencias aprobadas en febrero de 2016 (31 de ellas propuestas por el propio grupo popular). Entre los comparecientes aceptados por el PP figuraba la consejera Del Olmo, no así el director general de Energía y Minas, Ricardo González Mantero, uno de los altos cargos de la consejería de Economía que pasó alguno de los gastos más llamativos facturados a la antigua oficina de la Junta en Bruselas. Mantero ha declarado -de momento en calidad de testigo- ante el Juzgado de Instrucción nº 4 de Valladolid, encargado de investigar la “trama eólica”.

Como señalaba “El topillo” ayer, otro de los altos cargos que aparece en “los papeles de Bruselas” es el director general de Industria, Carlos Martín Tobalina, a quien la oficina de la Junta proporcionó un coche con conductor que costó 430 euros. Pese a ser uno de los investigados por el Juzgado nº 2 de Valladolid, que instruye el caso “Perla Negra” & pufos asociados”, la consejera Del Olmo no solo ratificó en su cargo a Martín Tobalina, sino que le ascendió al rango de viceconsejero en sustitución de Begoña Hernández, igualmente investigada en esas diligencias judiciales.

Y a más a más, tanto el actual viceconsejero de Economía como su antecesora están asimismo investigados por otro Juzgado de Instrucción, el nº 6 de Valladolid, en este caso a consecuencia de la querella por presunta prevaricación presentada por accionistas de la sociedad Itevelesa, concesionaria de las ITV de Castilla y León. Por todo lo cual, sorprende que, tras las revelaciones de diario.es, ni el PSOE ni Podemos hayan solicitado la comparecencia de Del Olmo, cuya capacidad para atraer marrones empieza a ser infinita.

El topillo de Castilla y León