Aunque las zonas de sombra -a menudo selváticas- se han extendido siempre a lo largo y lo ancho del territorio de la Administración Autonómica (en la A y no digamos en la B), hay consejerías que se llevan la palma. Y no solo la de Economía y Hacienda, donde, solo gracias a las causas judiciales abiertas en los Juzgados, está aflorando el gigantesco iceberg de la podredumbre acumulada desde el siglo pasado.

No le va a la zaga en materia de opacidad la consejería de la Presidencia, con el agravante de que su titular, el inefable José Antonio de Santiago Juárez, valiéndose del blindaje proporcionado por la chequera mediática, pretendía pasar poco menos que como un “paladín” de la transparencia. Pero la realidad está reflejando el oscurantismo que siempre ha acompañado a su figura política.

Tuvo que mediar una queja al Procurador del Común, que ostenta la función de Comisionado de la Transparencia, para que, cinco meses después, De Santiago-Juárez se dignara en publicar la cuantía gastada por la Junta en Publicidad Institucional durante 2016. Después, ante una pregunta parlamentaria al respecto, el susodicho tuvo a bien detallar (eso sí, hasta donde quiso y de aquella manera) la distribución de esa morterada, que por cierto se verá incrementada de golpe en otros 28 millones de euros como consecuencia de la reciente sentencia que obliga a la Junta a pagar el IVA correspondiente a la dotación (actualmente de 18 millones anuales) del contrato-programa suscrito en su día con la compañía Radio Televisión Castilla y León S.A.

La Junta de Personal de la Administración Autonómica tuvo que acudir al Comisionado de la Transparencia ante la negativa de la consejería a facilitar a este órgano de representación sindical algo tan básico para cumplir su función como las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPTs) de la Junta de Castilla y León. Y pese a que el 17 de noviembre el Comisionado resolvió que debían de facilitarse dichas RPTs, la consejería ha hecho caso omiso, dando lugar a que el pasado 7 de mayo el Procurador haya requerido de nuevo el cumplimiento de dicha resolución.

Y no es la única información que la consejería de Presidencia se resiste a facilitar a la representación legal de los trabajadores. La Junta de Personal ha denunciado asimismo ante el Comisionado de la Transparencia otras cuatro negativas, entre ellas la referente a la aplicación del decreto de jornada a la legión de puestos de libre designación y el listado de los funcionarios agraciados con las famosas “bufandas”. Y todo ello mientras la consejería sigue ignorando olímpicamente otra resolución del Procurador del Común, esta de fecha 7 de agosto pasado, que insta a convocar los concursos de traslados que no se producen desde hace casi 5 años.

Lo dicho: De “paladín” de la transparencia a campeón de la opacidad.

El Topillo de Castilla y León