La Consejería de la Presidencia ha resuelto los recursos presentados contra la oposición de personal de servicios celebrada el pasado 3 de junio y a la que se matricularon 18.889 personas para las 384 plazas convocadas.

La consejería competente en materia de Función Pública establece que debe repetirse el examen porque en la parte del test que debía incluir preguntas prácticas constaba un 30 % de preguntas teóricas. La resolución se publica en el Boletín Oficial de Castilla y León.

En el mes de enero de este año se convocaron 384 plazas para personal de servicios, destinadas fundamentalmente a trabajar en las residencias para personas mayores y personas con discapacidad y en los centros educativos de la Administración autonómica. Para acceder a esas 384 plazas se matricularon 18.889 personas; por tanto, una competencia muy alta dada la proporción del número de 49 opositores por plaza. El examen, que consistía en un test de 80 preguntas, se celebró el 3 de junio.

Celebrado el examen, la convocatoria establece un plazo de cinco días para que se puedan presentar alegaciones a las preguntas por parte de los opositores. En estos cinco días se recibieron numerosas alegaciones en las que se indicaba que las preguntas del examen no se ajustaban a los temas incluidos en la convocatoria o que algunas preguntas no estaban bien formuladas.

El tribunal calificador, compuesto íntegramente por empleados públicos -tal y como se hace en todos los procesos selectivos-, examinó las quejas y en los casos en que consideró justificada la reclamación anuló la pregunta correspondiente. Finalmente, se anularon tres preguntas por el tribunal al considerar que existían errores en su formulación. La plantilla definitiva del examen con las respuestas correctas, una vez anuladas esas tres preguntas, se publicó en la web de la Junta de Castilla y León, donde se hacen públicas todas las fases de cada uno de los procesos selectivos que se convocan.

Frente a esa publicación se han formulado 181 recursos administrativos. La Consejería de la Presidencia, recibidos los recursos, ha dado un plazo al resto de opositores para que presenten alegaciones; al mismo tiempo acordó la suspensión del procedimiento, con lo que se interrumpió el plazo de ocho meses que el tribunal tiene para resolver la convocatoria.

Los recurrentes y todos aquellos que han planteado alegaciones durante el proceso -un total de 457-, se han centrado básicamente en dos cuestiones: falta de concordancia entre el contenido del examen con las tareas propias del personal de servicios más el grado de dificultad y vulneración de las bases de la convocatoria al incluir cuestiones teóricas en la parte práctica del examen.

Una vez resueltos los recursos presentados, la resolución levanta la suspensión del proceso, que puede continuar. A la vista de que es preciso realizar un nuevo examen, los ejercicios realizados no se corregirán, permaneciendo en los sobres lacrados, y se convocará un nuevo examen al que podrán presentarse los opositores que en su día figuraban en la lista de admitidos. La fecha del examen, de acuerdo con las bases de la convocatoria, la determinará el tribunal calificador.