El portavoz de medio ambiente del grupo parlamentario socialista en las Cortes de Castilla y León, compareció junto con el Presidente del Comité de Empresa del 112 y otros integrantes, ante lo que es un “verdadero escándalo por el poco interés de la Junta por un servicio de primordial importancia como es el servicio de atención de llamadas de urgencia a través del teléfono único europeo 1-1-2".

José Luis Aceves explica que una Resolución de fecha 22-05-2018 de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Valladolid, correspondiente al periodo del 1/2014 al 3/2018, condena al pago de un importe de 695.577,87 € a la empresa Grupo Norte Agrupación Empresarial de Servicios, S.L como sujeto responsable y la Agencia de Protección Civil de la Junta de Castilla y León como responsable solidario, debido a la utilización de la fórmula de subcontratación del servicio con la empresa EURAL en el Centro Coordinador de Emergencias (CCE) y en la Unidad de Apoyo Logístico en Emergencias (UALE), calificada como grave según la ley sobre infracciones y sanciones en el orden social.

El procurador recuerda que la Administración de la Comunidad de Castilla y León se constituyó en entidad prestataria del servicio de atención de llamadas de urgencia a través del teléfono único europeo 1-1-2 por Acuerdo de la Junta de Castilla y León, de 16 de octubre de 1997, en cumplimiento del Real Decreto 903/1997, de 16 de junio, por el que se incorporó a la normativa autonómica, la Decisión 91/396/CEE del Consejo de las Comunidades Europeas de 29 de julio de 1991.

“El PP en la Junta de Castilla y León decidió que el servicio público de atención de llamadas de urgencia a través del número telefónico único europeo 1-1-2 se gestionará por la Administración de la Comunidad de Castilla y León de forma Indirecta, y tuviera la naturaleza de contrato administrativo especial, adjudicado mediante procedimiento abierto” apuntó.

El pliego de condiciones para la contratación del servicio de emergencias del 1-1-2 en la Comunidad establece un indicador de tiempos de atención de llamadas y un indicador de disponibilidad de personal y presencia física.

Mediante Resolución de 16 de octubre de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid se notificó a la empresa Grupo Norte, una infracción de 3.500 € como consecuencia de un acta de infracción de la Inspección de trabajo y Seguridad Social, debido al cómputo de las horas de localización en el servicio de atención de llamadas de urgencia en la sala del 1-1-2 calificada como grave según la ley sobre infracciones y sanciones en el orden social.

La responsabilidad de la Agencia de Protección Civil de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, es comprobar el cumplimiento de los pliegos de condiciones del servicio de emergencias del 1-1-2 en la Comunidad, no permitiendo deficiencias en la prestación del servicio y sancionando a la empresa adjudicataria en el caso de que así se produzca.

Aceves señaló que el Plan Director Plurianual de desarrollo del Procedimiento de Evaluación y Acreditación de Competencias profesionales (PEAC) en Castilla y León 2017-2020, como elemento integrante de la II Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación en el empleo, se estableció con la misión de contribuir a la consecución y el mantenimiento del empleo en la Comunidad desde el ámbito del reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por la experiencia profesional y vías no formales de formación.

El procurador pregunta a la Junta también por las convocatorias de las acreditaciones de competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral y vías no formales de formación comprometidas para el año 2018, y que no se convocaron para las Teleoperaciones de atención, gestión y coordinación de emergencias, así como para Gestión y coordinación en protección civil y emergencias, que afectan a los trabajadores de la sala del 1-1-2.