Las máximas cabezas visibles de Ciudadanos en Castilla y León, el presidente de las Cortes, Luis Fuentes, y el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, tuvieron ayer un día glorioso (la verdad es que este último suele tener varios en la misma semana).

El primero presidió la reunión del Patronato de la Fundación Villalar, a la que llegaba con su anunciada propuesta de liquidar de un plumazo dicha entidad. Pero don Fuentes se encontró con que una amplia mayoría del Patronato no estaba por esa labor. En realidad, solo los representantes de la UPL y el partido “Por Ávila”, se manifestaron a favor de un cierre que también comparte Podemos, que no asistió.

Tanto el PP como el PSOE se alinearon en la posición planteada por los sindicatos de mantener la Fundación, si bien tras reorientar los fines y cometidos de la misma para dar paso a una nueva etapa. En vista de que este enfoque obtuvo un respaldo muy mayoritario, el presidente de las Cortes y el otro patrono de Ciudadanos terminaron adhiriéndose al mismo. Así pues, tras el que pegó con el famoso apartamento, gatillazo en toda regla de don Fuentes en su propósito de cargarse la Fundación Villalar, a la que Cs ha querido meter en el mismo saco de los chiringuitos de la Junta cuando no tiene absolutamente nada que ver.

Lo de don Igea fue más peliagudo, ya que se sentaba en el banquillo de uno de los juzgados vallisoletanos acusado de un delito de amenazas en la persona de un compañero de partido. “Me puso el dedo índice entre las cejas y me dijo que la próxima vez que hablara de su familia me reventaba la cabeza”, declaró ayer en la sala el denunciante, Borja Collantes, a quien don Igea atribuyó determinados comentarios en redes sociales alusivos a su relación familiar con el empresario Patricio Llorente (Collosa), investigado en la “trama eólica”.

Mientras don Igea dijo durante la vista no recordar tales amenazas, un testigo de los hechos, Mario Pulido, ratificó plenamente la versión del denunciante. El ahora vicepresidente de la Junta se enfrenta a una posible multa de tres meses a razón de 20 euros al día.

Lo curioso del caso es que al tiempo que don Igea se esfuerza en calificar el incidente como algo puramente personal, llegó a los juzgados escoltado por toda una tropilla de altos cargos de Ciudadanos en la Junta y en las Cortes. Entre otros, la consejera Verónica Casado, los viceconsejeros Fernando Navarro y David Martín y el secretario general José Miguel García abandonaron sus despachos para acompañarle. Sin que por supuesto faltaran la portavoz parlamentaria, Ana Carlota Amigo, y la secretaria tercera de la Mesa, Marta Sanz, dos procuradoras de su completa cuerda.

El Topillo de Castilla y León