La transparencia informativa de la que presume la Junta no ha tenido su mejor exponente en el brumoso comunicado oficial con el que la consejería de Presidencia daba a conocer las penas provisionales que solicita el gobierno regional para los imputados en el doble caso Perla Negra-Polígono de Portillo. Se comprende lo vidrioso que resulta informar sobre la petición de penas de prisión para ex altos cargos de la Junta y ex compañeros de partido, pero si no fuera porque los medios de comunicación se han encargado de identificar a los acusados, la opinión pública no se enteraría sobre quienes recaen las acusaciones.

El hecho es que, después de años resistiéndose a personarse en el caso -no lo hizo hasta tres años después de que comenzará a instruirse- la Junta ha tenido que rendirse a las evidencias y solicitar penas de prisión que suman 15,5 años de cárcel y 37 de inhabilitación para los ex viceconsejeros de Economía Rafael Delgado y Begoña Hernández. Bien es cierto que, al contrario que la Fiscalía, que solicita para ambos la misma pena de 11 años, la Junta utiliza distinta vara de medir, ya que atribuye al primero delitos continuados de negociaciones prohibidas (4 años y medio) y prevaricación (7 años), mientras que exime asu antigua compañera del primero de los delitos y pide solo 4 años por el segundo.

A diferencia también de la Fiscalía, la Junta exonera de responsabilidad a otros dos ex altos cargos, el que fuera director de Excal, Alberto Esgueva, y el ex consejero-delegado de Gesturcal, Juan Carlos Sacristán. Para este último el fiscal pide los mismos 11 años de pena que para Delgado y Hernández. Y Esgueva es uno de los siete empresarios para los que la fiscalía solicita 6 años de prisión por un delito continuado de revelación de secretos en concurso con otro de tráfico de influencias.

Llegada esta fase de las calificaciones provisionales previas a la apertura del juicio oral, la Junta no ha tenido más remedio que admitir lo que durante años se obstinó en negar la anterior consejera de Economía, Pilar del Olmo: el quebranto patrimonial originado a la Administración autonómica por los dos “pelotazos” inmobiliarios perpetrados a costa de la empresa pública Gesturcal. Y ahí están ahora los servicios jurídicos de la Junta, que dirige el a la sazón secretario provincial del PP de Valladolid, Luis Miguel González Gago, reclamando a los acusados una indemnización conjunta y solidaria superior a los 16 millones de euros, cuantía en este caso muy similar a la fijada por la Fiscalía.

Y todo esto cuando en enero está previsto que se constituya en las Cortes la nueva comisión parlamentaria de investigación promovida por el grupo socialista sobre ambos dos pufos y la “trama eólica”.

El Topillo de Castilla y León