En su discurso de investidura de 2011, cuando más arreciaba la crisis, el entonces presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, anunció un Código de Austeridad que, entre otras medidas de ahorro, restringía la asignación de coche oficial exclusivamente a los miembros del Consejo de Gobierno, es decir, a él y a los consejeros.

Fue un gesto de cara a la galería que en realidad nunca se cumplió. Otra serie de altos cargos que, por residir fuera de Valladolid, disponían hasta entonces de coche oficial para trasladarse diariamente desde sus domicilios a sus despachos y viceversa siguieron desplazándose por el mismo sistema. Y bien lo sabía Herrera, ya que uno de ellos era su misma Jefa de Gabinete, que, a bordo del correspondiente coche oficial, cubría a diario el trayecto Burgos-Valladolid-Burgos, lo que, según denuncia realizada en su día por los funcionarios del “Viernes Negro”, generaba un gasto de unos 70.000 euros al año.

Tiempo después, se dio cobertura a estos casos introduciendo en el Código de Austeridad la posibilidad de que los altos cargos residentes en provincias distintas a Valladolid tuvieran derecho a desplazarse en coche oficial para cubrir los trayectos de ida y vuelta entre sus domicilios -los ha habido tan alejados como Miranda de Ebro o Ponferrada- y sus centros respectivos centros de trabajo.

A través de la Junta de Personal de los Servicios Centrales de la Junta se ha conocido ahora que en la actualidad son nada menos que 18 los altos cargos de la que utilizan esta especie de “transporte a la demanda en coche oficial”, algo que dicha representación sindical califica como un “dispendio” cifrado en 820.000 euros (alrededor de 45.000) por cabeza. Además, hay otros dos altos cargos que se han acogido a la posibilidad de viajar en transporte público mediante billetes cargados al erario autonómico.

Cierto que el uso del transporte público supone un importante ahorro respecto al coche oficial, pero en el caso que nos ocupa chirría, y de qué manera, el hecho de que uno de los acogidos al sistema mantenga fijada su residencia en Madrid, desde donde realiza el trayecto de ida y vuelta a Valladolid utilizando el AVE con cargo a la Junta. Se trata nada en concreto del viceconsejero de Relaciones Institucionales y Administración Local, José Miguel de Elías Fernández, número dos de la consejería de Presidencia que dirige Ángel Ibáñez.

La Junta de Personal considera un “insulto a los castellanos y leoneses” que se permita a un alto cargo residir fuera de la comunidad y además que se le abonen los gastos de desplazamiento para poder ejercer su función. Especialista en opinión publica, De Elías Fernández procede de la compañía demoscópica Sigma 2, a la que ha prestado sus servicios desde 1987 y de la que hasta el pasado verano era alto ejecutivo. Su retribución como alto cargo de la Junta es de 70.421 euros anuales.

El Topillo de Castilla y León