En las sesiones parlamentarias de control a la Junta (preguntas orales al presidente y consejeros del gobierno autonómico) constituye práctica habitual que el interpelado se salga por los cerros de Úbeda y conteste a todo menos a lo que se le ha preguntado, eso sí, aderezando su no respuesta con toda suerte de datos que, aparte de no venir al caso, suelen resultar de muy dudosa verificación, si es que no son lisa y llanamente falsos.

En la celebrada en la tarde del martes llamó la atención el dato utilizado por la consejera de Familia, Isabel Blanco, para rebatir las duras acusaciones del procurador de Podemos, Pablo Fernández, quién pidió su dimisión como responsable del desastre vivido en las residencias de ancianos durante la pandemia. Fernández relacionó los 1.725 fallecimientos ocurridos por Covid o síntomas compatibles en las propias residencias con las instrucciones de la Junta cerrando las puertas de los hospitales a los residentes contagiados.

Aparte de negar que existiera tal prohibición (es verdad que el verbo prohibir no figura en dichas instrucciones, pero en ellas queda palmariamente claro que su inequívoco fin no era otro que evitar dicha hospitalización), Blanco apoyó su argumentación en un dato ciertamente sorprendente: el número de servicios de ambulancia prestado para trasladar enfermos desde las residencias a hospitales, concretamente 4.454.

Sin duda, el dato prueba que no todos los ancianos de las residencias se han visto privados de asistencia hospitalaria, algo que todos sabíamos, puesto que, aparte de los 1.725 fallecidos ya referidos, otros 872 residentes han muerto en hospitales y el total de diagnósticos confirmados en estos centros se eleva a 7.157. Pero no despeja la cuestión planteada por el procurador de Podemos y las terribles preguntas que pesan sobre la Junta: ¿Cuántos de los fallecidos en las residencias seguirían vivos si hubieran sido trasladados a los hospitales? ¿Cuántos de ellos no fueron hospitalizados como consecuencia de las fatídicas instrucciones cursadas por la Junta el 23 de marzo?

Esas son las preguntas que no encuentran respuesta, y desde luego no la encontrarán en la comisión de investigación que el socialista Luis Tudanca se ha encargado de frustrar. Pero volviendo al áspero cara a cara parlamentario entre el procurador de Podemos y la consejera de Sanidad, a “El topillo” le pareció un punto exagerado que Fernández acusara a Blanco de hacer de la mentira su “modus operandi”, al extremo de equiparla como Isabel Díaz Ayuso. Al lado de otros consejeros y consejeras, no digamos ya el vicepresdente, en esto de sortear la verdad y negar la evidencia, la de Familia todavía está muy tierna. Sin ir más lejos, su compañera de Sanidad, Verónica Casado, le saca unos cuántos cuerpos de ventaja.

El Topillo de Castilla y León