A medida que se van conociendo nuevos datos, más imprescindible resulta la puesta en marcha de una comisión de investigación sobre el Covid y las residencias de ancianos, y más clamorosa es la inhibición mantenida al respecto por el secretario autonómico del PSOE y portavoz del grupo socialista de las Cortes, Luis Tudanca.

No sé cómo se le habrá quedado el cuerpo a Tudanca tras conocer a través de “Diario de Valladolid-El Mundo” el contenido del informe realizado por la Diputación vallisoletana sobre lo ocurrido en las dos residencias dependientes de la institución, Cardenal Marcelo, y Doctor Villacián, en las que han fallecido a causa del coronavirus 32 ancianos (17 y 15, respectivamente).

El informe constata la “omisión de auxilio” por parte del Sacyl ante las reiteradas llamadas desde ambas residencias solicitando la realización de pruebas PCR tanto a residentes como al personal, desatención que acabó produciendo un contagio masivo entre ambos colectivos. «No es viable ahora, no es posible, no disponemos de ellos» eran, según el informe, las respuestas recibidas desde los centros de Salud con los que contactaron los responsables de estas residencias a partir de los primeros contagios, detectados a mediados de marzo. Sin embargo, las primeras pruebas diagnósticas no se realizaron hasta el 8 de abril, cuando la pandemia se había extendido de forma irreversible (en la residencia Cardenal Marcelo el contagio se extendió al 98 por ciento de los residentes). El personal no corrió mejor suerte, llegando hasta 78 las bajas por enfermedad registradas entre trabajadores ambos centros, 34 de ellas con diagnóstico de Covid confirmado.

«Ha fallado el derecho a la sanidad universal a pesar de las llamadas de auxilio” concluye el informe, que además deja en evidencia a la consejera de Sanidad, Verónica Casado, quien había tratado de escurrír el bulto alegando que “se había impedido al personal del Sacyl entrar en estas residencias”. Para mayor bochorno, quienes desmienten a Casadl son dos cargos de su propia consejería. “Ni antes ni despues se ha impedido el acceso del personal del Sacyl a las residencias”, afirma el gerente de las áreas de Salud de Valladolid, Eduardo García Prieto. “No se nos ha impedido entrar”, refrenda el gerente de Atención Primaria de Valladolid Oeste, Elpidido García Ramón.

A la vista de las conclusiones de este informe, el grupo socialista de la Diputación vallisoletana ha anunciado la inmediata solicitud de una comisión de investigación. Y si cosas así han ocurrido en dos residencias públicas, ¿qué no habrá sucedido en las privadas?

El Topillo de Castilla y León