Según los datos disponibles en la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, desde la aprobación del Ingreso Mínimo Vital el pasado 1 de junio, solo 1.503 familias perceptoras de la RGC han percibido dicha prestación nacional. De ellas, más de 400 han recibido una nómina inferior a la que percibían en la Renta Garantizada de Ciudadanía, incluso inferior a los 461,5 euros establecidos como mínimos del Ministerio.

La Junta aclara que, ante esta baja cobertura de atención por parte del Estado, que ya se desveló con su nómina del mes de junio, la Consejería convocó el 15 de julio la Mesa de la Renta Garantizada de Ciudadanía constituida en el marco del Diálogo Social para analizar el escaso impacto del Ingreso Mínimo Vital en los perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía y avanzar en cuantas medidas sean necesarias para adaptarla a las necesidades reales de las familias más vulnerables de Castilla y León.

En la reunión de la Mesa, la Consejería y los integrantes del Diálogo Social -CECALE, CCOO y UGT- acordaron que ningún perceptor de Renta Garantizada de Ciudadanía se viera perjudicado económicamente con motivo del Ingreso Mínimo Vital del Estado y que, a través de una modificación normativa, se garantizara la cobertura económica mínima que tenían las familias a través de la RGC previa a la implantación del IMV. Se trata de que estas familias puedan hacer frente a sus necesidades básicas.

El anteproyecto de modificación de la Ley de RGC prevé que la Renta Garantizada sea complementaria al Ingreso Mínimo Vital cuando las familias reciban del Estado una cuantía inferior a la que venían percibiendo por la Junta, “garantizado la diferencia que han dejado de percibir para no tener ninguna merma de sus ingresos y puedan cubrir sus necesidades de subsistencia”.

Las familias de la Comunidad que han percibido el Ingreso Mínimo Vital por cuantía igual o superior a la Renta Garantizada de Ciudadanía empezarán a recibir exclusivamente dicho ingreso del Estado, ya que la prestación de Castilla y León está prevista como la última red de protección respecto a cualquier prestación y, por tanto, es subsidiaria y posterior a la concesión del Ingreso Mínimo Vital del Estado.

El resto de perceptores de Renta Garantizada de Ciudadanía de Castilla y León seguirán recibiéndola hasta que el Estado resuelva el Ingreso Mínimo Vital. En la nómina del mes de julio recibieron la Renta Garantizada de Ciudadanía 9.184 familias.

La RGC es un derecho subjetivo implantado hace 10 años en Castilla y León y garantizado por Ley, de la que se han beneficiado una media de 15.000 familias cada año, destinándose aproximadamente 60 millones de euros al año.