Con el nombramiento la pasada semana de una nueva periodista, fichaje con el que se elevan a 24 los profesionales de la información y asimilados (sin ninguna titulación específica) reclutados a dedo-, el gobierno de Alfonso Fernández Mañueco ha seguido incrementando la cuota de personal eventual a su servicio. La nómina -de la que también forman parte media docena de políticos del PP descolocados, con el Ignacio Cosidó a la cabeza- alcanza ya el número de 40 y todavía puede llegar hasta 44, el tope fijado en su día entre Mañueco y el vicepresidente Francisco Igea para rodearse de “personal de confianza”.

Igea ha batido todos los récords existentes en el reclutamiento de personal eventual a su servicio. Ningún vicepresidente -y recientes los ha habido que, al igual que él, tenían a su cargo una consejería y la portavocía de la Junta- había acaparado ni de lejos tamaña tropa de contratados a dedo. Dispone en exclusiva de cuatro periodistas a su servicio (entre ellos, Alejando Salgado, el último director de Comunicación del gobierno monocolor de Juan Vicente Herrera), amén de una responsable de Gabinete y de otra asesora, Nieves Castaño, ésta última número cuatro de la candidatura vallisoletana de Ciudadanos a las Cortes encabezada en su día por el actual vicepresidente.

Junto a los seis reseñados, al menos otros ocho “asesores” están al servicio de los titulares de las consejerías asignadas a Ciudadanos. Tres de ellos están a las órdenes de la consejera de Sanidad, Verónica Casado, a la que Igea colocó como Jefe de Gabinete a Ricardo Pérez Alamillo, un ATS que se trajo del grupo parlamentario popular del Congreso de los Diputados. (En origen, el destino de Pérez Alamillo fue el de asesor de la secretaria tercera de la Mesa de las Cortes, Marta Sanz, a la que Igea debe el cargo, pero después fue reubicado en la consejería de Sanidad, propiciando una vacante convenientemente aprovechada para rescatar a Luis Manuel Torres Alonso, número seis de la candidatura vallisoletana de Ciudadanos a las Cortes y antiguo apoderado de Collosa, una de las empresas encausadas judicialmente en el caso de la “trama eólica”).

Eso sí, bajo ninguno de los susodichos nombramientos aparece la firma de Igea, otrora azote del clientelismo político en la Junta, ya que la facultad de designar al personal eventual corresponde formalmente o bien al presidente de la Junta, que tiene reservados 15 puestos, o al consejero de Presidencia, Ángel Ibañez, encargado de nombrar o cesar a los 29 restantes. El vicepresidente se limita a proponer el cupo que se reservó en una de las cláusulas ocultas de su pacto de gobierno con Mañueco. Las cláusulas oficiales hablaban de restringir al máximo los nombramientos a dedo...