Sin que nadie le preguntara, a finales de junio el recién nombrado portavoz parlamentario de Ciudadanos, David Castaño, se descolgó declarando que nada tenía en contra de que se constituyera, si así se solicitaba por la oposición, una comisión de investigación sobre los letales efectos del Covid-19 en las residencias de ancianos de Castilla y León, en las que la pandemia ya se había cobrado por aquellas fechas más de 2.500 víctimas mortales. Castaño solo ponía una condición: esperar a que la Junta elaborara y diera a conocer el informe oficial sobre el particular contemplado en el pacto para la “reconstrucción” suscrito unos días antes.

Pues bien, el pasado 30 de septiembre la consejera de Familia, Isabel Blanco, dio por fin a conocer el referido informe, en el que, como era de esperar, la Junta ofrece una versión parcial y sesgada, eludiendo sus flagrantes responsabilidades -tanto por omisión como, lo que es peor, por acción- en una calamidad que lleva camino de cobrarse 3.000 vidas (a fecha de ayer el número de fallecidos se elevaba a 2.844). El PSOE afirmaba que dicho informe era “una tomadura de pelo” y Podemos lo calificaba de “bodrio”. Y para mayor inri, la consejería, ignorando un dictamen del Comisionado regional para la Transparencia (Procurador del Común) se resiste, como si fuera un secreto de Estado, a dar a conocer la titularidad de las residencias privadas en las que se han producido los fallecimientos.

Tras un ultimátum que, una vez considerado de “tomadura de pelo” el informe, carecía de sentido, el grupo socialista formalizó ayer en las Cortes la solicitud de crear dicha comisión de investigación, que, con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento, quedará constituida automáticamente si no manifiesta su oposición a la misma la mayoría absoluta de la Cámara. El PP, que quiere proteger a la consejer Blanco, no quiere por nada del mundo que se cree esta comisión, pero no podría evitarla si Ciudadanos no secunda el veto. ¿Y qué dice ahora Castaño? Pues que donde dije entonces digo, ahora digo Diego.

Argumenta ahora el portavoz de C´s que no ve motivo para esta comisión, ya que para él la consejería ha aportado un “informe técnico y objetivo” y a su juicio la iniciativa socialista solo trata de “desgastar” a la Junta. Castaño está en su derecho de cambiar de opinión y se comprende que lo haga, ya que las responsabilidades políticas de lo ocurrido en las residencias atañen, y de forma sustancial, a la consejera de Sanidad, Verónica Casado, integrante de la cuota naranja del gobierno Mañueco.

Lo que ya no resulta de recibo es que insulte la inteligencia ajena con argumentos como los señalados, y mucho menos aún que añada que lo que dijo en junio ha sido objeto de una “interpretación sesgada”. De sesgada, nada don Castaño. Usted dijo que no se opondría a lo que ahora se va a oponer. Ni más ni menos. Con el agravante que supone que un partido que se llenaba la boca con las palabras “regeneración” y “transparencia” impida que se esclarezcan en el Parlamento las causas que han conducido a la mayor tragedia humana que ha conocidos esta comunidad autónoma en sus 36 años de historia.