Puede decirse que ambos fueron los números dos ex-aequo de la consejería de Economía durante la dilatada etapa en la que estuvo al frente de la misma el malogrado Tomás Villanueva. Y ambos son los principales ex altos cargos de la Junta empapelados judicialmente por el caso “Perla Negra/No polígono de Portillo”, a la espera de vista ora una vez finalizada su larga fase de instrucción.

El juez instructor considera a Rafael Delgado y a Begoña Hernández presuntos autores de un rosario de delitos (malversación de caudales públicos, prevaricación, revelación de secretos, tráfico de influencias, cohecho y fraude a la Administración) por los que la Fiscalía solicita sendas penas de 11 años de prisión, amén de 29 y 20 años de inhabilitación y a indemnizar a la Junta de Castilla y León solidariamente junto a los otros 10 encausados con 16 millones de euros. La propia Junta, que se resistió todo lo que pudo y más a personarse en el caso, ha terminado pidiendo una pena de 11 años para el primero y otra de 4 para la segunda, además de la responsabilidad civil alícuota por el quebranto ocasionado a las arcas autonómicas.

Ayer ambos estaban citados a comparecer ante la comisión de investigación constituida en las Cortes sobre estos y otros pufos asociados a la antigua consejería de Economía, entre ellos la llamada “trama eólica”, por la que Delgado está siendo investigado en otro Juzgado de Instrucción. Y ante semejante trance, los que durante tantos años formaran parte del mismo equipo optaron por actitudes completamente opuestas.

Delgado compareció y se sometió a las preguntas de la comisión asegurando sin pestañear que todas sus actuaciones en los asuntos que han dado lugar a ambos procedimientos judiciales se atuvieron a la legalidad. Por su parte, Hernández, siguiendo la recomendación de sus asesores jurídicos, decidió acogerse a su derecho a no responder y dejó a los procuradores con la palabra en la boca. Eso sí, leyó un escrito afirmando, sin que le diera un ataque de risa, que “mi actuación siempre ha sido honrada, transparente y profesional, buscando siempre el interés general”.

La “espantada” de la ex número dos de Economía sentó especialmente mal, mucho más cuando a petición suya el presidente de la comisión había accedido a cambiar la hora fijada inicialmente para su comparecencia.