El triunfalismo con el que el gobierno Mañueco ha presentado su Proyecto de Presupuestos para 2020, presumiendo de que es el más elevado de la historia y el de mayor gasto social, se compadece muy mal con la realidad contante y sonante que conocemos en Castilla y León. El Bocyl de ayer no puede ser más ilustrativo de la diferencia entre predicar y dar trigo.

Más de ocho meses después de que la Junta y los agentes del Diálogo Social rubricaran aquel cacareado acuerdo por el cual el gobierno de la comunidad se comprometía a complementar con una ayuda extra los ingresos de los trabajadores incluidos en ERTES, se publicabab ayer las resoluciones de la Consejería de Empleo resolviendo la correspondiente convocatoria.

Aunque absolutamente injustificado e injustificable, el retraso podía perdonarse si al final los trabajadores solicitantes viran el pelo a la ayuda prometida. Pero solo será uno de cada cuatro los que tendrán acceso a ella (una cuantía máxima de 630 euros), en tanto que los otros tres restantes se quedan a la luna de Valencia por falta de crédito presupuestario.

El origen de este desaguisado radica en que la Junta comprometío para estas ayudas 6 millones de euros, cantidad absolutamente insuficiente para satisfacer el alud de solicitudes a la postre presentadas, en total más de 50.000. La solución justa y razonable consistía en adecuar ese fondo inicial hasta el montante necesario para satisfacer toda la demanda, lo que pasaba por incrementar la partida hasta unos 24 millones. Pero el gobierno Mañueco ha sido inflexible y no se ha movido de esos 6 raquíticos millones, que ha distribuido aplicando como único criterio el de la orden de presentación de las solicitudes.

Y ha ocurrido que, habiéndose iniciado el 24 de julio el plazo para su presentación, el dinero ha dado de sí para atender aas registradas hasta el 4 de agosto, unas 12.000, resultando automáticamente denegadas por falta de disponibilidad presupuestaria todas las registradas en fechas posteriores, alrededor de otras 36.000. Un auténtico fiasco.

Naturalmente, la Junta alega que "otras prioridades de gasto" han impedido incrementar el crédito destinado a esas ayudas. Pero ocurre que alguna de esas prioridades resulta tan disparatada como la de haber mantenido en pleno cierre perimetral de la comunidad una campaña publicitaria de alcance nacional invitando a visitar Castilla y León. ¿Cabe mayor disparate?