Pese a sus ímprobos esfuerzos por ocultar la tragedia vivida en las residencias de ancianos de Castilla y León, la consejería de Familia ha reconocido, forzada por el Comisionado para la Transparencia, que seis de cada diez fallecidos en dichos centros a causa de la pandemia perdieron la vida sin haber sido trasladados a ningún centro hospitalario.

Atendiendo una petición del digital “Ileon”, al que Familia denegó datos sobre la asistencia sanitaria recibida por los contagiados en dichos centros, el Comisionado, que no es otro que el Procurador del Común, dictó el pasado 23 de septiembre resolución instando a la Junta a que facilitara esa información que pretendía mantener oculta. Aunque la consejería que dirige Isabel Blanco sigue negándose a revelar el número de fallecidos en cada una de las residencias privadas, los datos globales que se ha visto obligada a proporcionar son muy significativos de la magnitud del desastre.

Según esos datos oficiales, entre el 14 de marzo y el 31 de octubre fallecieron contagiados por Covid-19 un total de 2.938 usuarios de las residencias de ancianos, de los cuales 1.824 (el 62 por ciento) murieron en sus habitaciones sin haber sido ingresados en ningún hospital. La provincia de Segovia registró el mayor grado de letalidad, con 317 fallecidos, de los que tan solo un 19 por ciento recibieron asistencia hospitalaria. En Zamora el 69 por ciento de los muertos tampoco salió de sus residencias, en Ávila el 64, en Salamanca el 61 y en todas las demás las provincias el porcentaje se situó por encima del 50.

Visto lo cual, se comprende la resistencia de la Junta a facilitar dicha información, ya que resulta altamente reveladora acerca de los letales efectos del protocolo conjunto difundido a finales de marzo por el Sacyl y la Gerencia de Servicios Sociales cerrando en la práctica los hospitales a los contagiados por Covid-19 en las residencias de ancianos.

Casi tres meses después de la resolución de Transparencia, la Junta sigue obstinada en ocultar el dato de los fallecidos en las residencias privadas en las que se han registrado víctimas mortales, alrededor de 700. La negativa a facilitar dicha información fué detonante que provocó la solicitud de una comisión parlamentaria de investigación por parte del PSOE y tres de los cuatro partidos integrantes del grupo mixto (Podemos, UPL y Por Ávila), iniciativa frustrada por el veto ejercido por PP y Ciudadanos.

Entretanto, el número de víctimas del Covid-19 en las residencias de ancianos ha seguido disparándose, elevándose ya a un total de 3.567, de las que 2.036 han fallecido en los propios centros y 1.531 en los hospitales. Un balance tan solo superado por la Comunidad de Madrid (6.038) y Cataluña (4.337), comunidades como se sabe ligeramente más pobladas que Castilla y León.