También se reducen las tarifas para el resto de vehículos en un 0,4 % durante el 2021.
La Junta de Castilla y León ha autorizado y actualizado las tarifas a percibir por las entidades concesionarias del servicio de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de Castilla y León para el año 2021.
Con esta actualización de tarifas, el coste del servicio para los vehículos eléctricos se reduce a la mitad; mientras, para el resto de vehículos, la reducción será del 0,4%. Esta medida se traduce en un ahorro estimado de unos 160.000 euros para los consumidores que requieran este servicio.
La resolución del 21 de diciembre de 2020, de la Dirección General de industria, por la que se actualizan las tarifas de ITV, establece como principal novedad la reducción en un 50 % de las tarifas para los vehículos eléctricos puros. Esta reducción es fruto del compromiso recogido en la Estrategia Regional de Vehículos de Energías Alternativas en Castilla y León 2020-2023, que trata de impulsar y fomentar el uso de vehículos de energías limpias. De este modo, aquellos vehículos eléctricos puros (BEV) de menos de 3.500 kg, cuyo permiso de circulación esté radicado en Castilla y León, será de 12,63 €, la mitad del coste del servicio para un vehículo ordinario de la misma categoría.
Las tarifas de ITV para el resto de vehículos, en ese ejercicio, bajarán un 0,4%, como consecuencia de la disminución del IPC. Según los cálculos realizados por la Consejería de Empleo e Industria esta reducción supone que, durante el año 2021, los ciudadanos de Castilla y León se ahorrarán aproximadamente unos 160.000 euros.
La aplicación de tarifas de ITV en Castilla y León está ligada a un proceso que se originó en el año 2015, cuando la Administración regional procedió a reducir las tarifas en un 20%. Esta decisión provocó una serie de procesos judiciales que finalizaron con la sentencia 1073/2019, de 12 de diciembre del Tribunal Supremo.
La conclusión fundamental de la sentencia es que el Tribunal Supremo considera legal y ajustada a derecho el establecimiento de tarifas más bajas, pero también determinó que el sistema de revisión anual de tarifas de ITV tiene que hacerse de acuerdo a una norma que no sea arbitraria.
A día de hoy esta norma es la Orden de 25 de septiembre de 2000, por la que se establecen las tarifas de aplicación a la Inspección Técnica de Vehículos, con motivo de la implantación del procedimiento de control de emisiones previsto en la Directiva 96/96/CE, adaptada al progreso de la técnica por la Directiva 1999/52/CE.
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