En pleno fragor de la tercera oleada de la pandemia ha pasado un tanto inadvertida la penúltima (no duden que habrá una siguiente) provocación de la consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo, a los agentes del Diálogo Social, patronal y sindicatos, otrora interlocutores preferentes y preferidos de la Junta.

Siguiendo instrucciones del capitoste de lo que ella misma denominó “facción” de Ciudadanos, el vicepresidente Francisco Igea, cuya aversión hacia el sindicalismo de clase es pública y notoria, la amiga Ana Carlota se descolgaba esta semana con la propuesta de que los sindicatos cofinancien la extensión del SERLA (Servicio de Relaciones Laborales de Castilla y León) a las nueve provincias de la comunidad. La consejera argumenta que “con la que está cayendo” no es el momento de que la Junta asuma en solitario un gasto que puede elevarse hasta los 6 millones de euros.

Ocurre que la extensión del SERLA, organismo que hasta ahora únicamente cuenta con oficina en Valladolid, a las otras ocho capitales y a Ponferrada no es una iniciativa que haya surgido de repente. Se trata de un compromiso pendiente de cumplir desde que lo contrajera el gobierno de Juan Vicente Herrera en el seno del Consejo de Diálogo Social, sin que en ningún momento se contemplara cofinanciación alguna por parte de los agentes sociales.

De ahí el estupor e indignación que la propuesta de “la dama de las orquídeas” ha causado entre los sindicatos, que no salen de su asombro ante semejante ocurrencia. Comisiones Obreras ve “mala fe” en la propuesta de la consejera, que se pasa por el forro el compromiso adquirido por el último consejero de Empleo del gobierno Herrera, que no es otro que el actual consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ya saben “ese-eterno-chico-bien-mandado-que-vale-igual-para-un-roto-que-para-un-descosido”. Por su parte, UGT la ha calificado de “esperpento”.

Hace al caso recordar el encontronazo que el pasado año tuvieron los sindicatos y el vicepresidente Igea por cuenta del nombramiento del nuevo director del SERLA, puesto que había quedado vacante. Igea vetó al candidato de consenso propuesto por los agentes sociales al anterior consejero, Germán Barrios, tratando de imponer el nombramiento de un compañero de partido, José Antonio Bartolomé, que había perdido su escaño de diputado del Congreso por Zamora en las últimas elecciones generales.

Comisiones y UGT respondieron vetando a Bartolomé, lo que dio lugar a una situación de bloqueo finalmente resuelta con la designación de Julio Cordero, profesor de Derecho del Trabajo y director de la cátedra de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Salamanca. En el interin la dimisión de Barrios y su sustitución por la amiga Ana Carlota permitió a Igea recolocar a Bartolomé en la Junta como director general de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales.

Con estos antecedentes, la “amistosa” propuesta de cofinanciar el SERLA apesta a “vendetta” por parte de Igea.