Se sabia que en la calle Génova había levantado ampollas la contratación del ex gerente regional del PP, Pedro Viñarás, como asesor del grupo parlamentario popular de las Cortes con un sueldo de 73.211 euros al año pagado con la subvención oficial (110.000 euros mensuales) recibida de la institución parlamentaria. El motivo era obvio: siguiendo instrucciones del secretario general del partido, Teodoro García Egea, el área de Personal decidió el pasado agosto dar por jubilado a Viñarás, que en esas fechas cumplía los 65 años, y nombrar nuevo gerente regional a Borja García Carvajal, el joven político vallisoletano afín a Pablo Casado que en 2017 disputó la presidencia provincial del partido al entonces presidente de la Diputación de Valladolid y actual consejero de Agricultura, Jesús Julio Carnero.

Viñarás, estrecho colaborador y amigo personal del presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, impugnó su “jubilación forzosa”, dando lugar a un contencioso laboral que se zanjó con la formalización de un despido pactado por el que recibió una indemnización de 70.000 euros.

De ahí el estupor y la indignación que causó en Génova la información publicada por “El Norte de Castilla” a finales de diciembre dando cuenta de la contratación del despedido como asesor del grupo parlamentario popular, que preside el propio Fernández Mañueco, con la referida soldada, que se corresponde con el máximo nivel retributivo de los miembros de la Mesa de las Cortes y demás procuradores liberados por cuenta de la Cámara.

La indignación de Génova no se ha quedado en lo testimonial, ya que , según informaba ayer de nuevo “El Norte”, el Comité Nacional de Derechos y Garantías, que preside Andrea Levy, ha abierto un expediente en principio informativo sobre dicha contratación por sí la misma constituyera “una desobediencia a los órganos de gobierno y representación del partido”. Y a tal efecto dicha Comisión, que curiosamente presidió la tira de años Fernández Mañueco, se ha dirigido tanto al presidente como al portavoz del grupo, Rául de la Hoz, requiriendo de ambos las correspondientes explicaciones.

Preguntado ayer al respecto, Mañueco afirmó que no haber recibido ninguna comunicación sobre dicho expediente, reconociéndose en todo caso como único responsable de una contratación que considera legal y plenamente justificada en atención a los méritos contraídos y servicios prestados al partido por Viñarás, quien a la sazón sigue siendo el tesorero regional del PP, cargo para el que ha venido siendo reelegido en sucesivos congreso autonómicos.

El hecho de que el presidente regional del partido sea requerido desde Génova en un expediente informativo, previo en su caso a otro de carácter disciplinario, da perfecta idea del grado de enfrentamiento entre Mañueco y la dirección nacional del PP, ejercida en el día a día por García Egea atendiendo las directrices de Pablo Casado. Un enconado enfrentamiento que trae cuenta del apoyo prestado en su día por el sector mañuequista a la candidatura de Soraya Sáez de Santamaría y que augura una encarnizada batalla en los próximos congresos provinciales del PP.