Deslizados por la pendiente de la posverdad trumpiana -ayer mismo el incorregible Igea todavía insistía en que el presidente Mañueco no ocultó a los alcaldes su decisión de adelantar a las ocho de la tarde el toque de queda- a nadie le extraña la ley del embudo aplicada por la Junta ante los casos de vacunaciones irregulares que han aflorado estos días en Castilla y León.

Implacables han dicho que serán ante los dos casos protagonizados por sendos alcaldes del PSOE, Alberto de Paz, primer edil de Villavicencio de los Caballeros (Valladolid), y Mariano Hernández, regidor de Matamala de Almazán (Soria), los cuales se han valido de las residencias de ancianos de sus respectivas localidades para saltarse la cola y vacunarse cuando no les correspondía. La Junta ha abierto rápidamente expedientes para esclarecer las circunstancias, anunciando su propósito de denunciar ante la Fiscalía las posibles irregularidades legales que puedan haberse dado en el procedimiento y advirtiendo de posibles sanciones a las residencias en cuanto se acredite que han vulnerado el protocolo establecido. En resumen, una respuesta contundente ante unos comportamientos absolutamente intolerables.

Sin embargo, esa misma contundencia brilla por su ausencia ante otros dos casos, igual de graves o más, de los que por acción u omisión resulta directamente responsable la propia consejería de Sanidad de la Junta. Uno de ellos es el que ha denunciado el sindicato CGT en la empresa Ambuibérica, concesionaria del transporte público sanitario en la comunidad, donde ha recibido la vacuna personal administrativo y directivo sin ningún contacto directo con el servicio de traslado de enfermos. Mientras el sindicato tiene constancia de que ese trato de favor se ha producido al menos en tres provincias, Valladolid, Salamanca y Zamora, la Junta ha reaccionado con sospechosa tibieza atribuyendo el hecho a un error de carácter puntual.

Igual de inexplicable resulta el hecho de que la propia consejería de Sanidad haya incluido en el listado de personal a vacunar a liberados sindicales que como tales están exentos del servicio. Así lo ha revelado el presidente del sindicato médico CESM, Tomás Toranzo, quien, al igual que el resto de liberados sindicales, ha recibido el ofrecimiento de vacunarse, ello de acuerdo con una instrucción cursada por el gerente regional del Sacyl, Manuel Mitadiel (Mitadiel-quién-te-ha-visto-y-quien-te-ve). Toranzo y los demás liberados de su sindicato han renunciado “por sentido común y coherencia” a un inconcebible privilegio concedido por la propia consejería de Sanidad, que lógicamente no se ha dignado en ofrecer ninguna explicación al respecto.

Tiene “El topillo” toda la impresión de que los casos reseñados no son más que la punta del iceberg de un gran desaguisado del que faltan por conocer nuevos y aún más escandalosos capítulos. Al tiempo.