Pese a que debiera estar curado de espanto, cuando ayer ordenaba la secuencia de la desquiciada y desquiciante gestión (?) de la Junta en los quince días anteriores de pandemia ni por asomo podía imaginar “El topillo” que el nefando tándem Mañueco-Igea fuera a ser capaz de saltarse a la torera el estado de alarma para adelantar porque sí a partir de hoy el toque de queda en Castilla y León, ignorando la expresa advertencia de ilegalidad del Gobierno de la Nación.

Resulta obvio que se trata de una burda maniobra de distracción, una monumental cortina de humo, con la que la Junta pretende desviar la atención de su temeraria, negligente y caótica gestión (?) de la pandemia, tratando de cargar la responsabilidad de la crítica situación sanitaria en la comunidad sobre el Gobierno Sánchez. Una huida hacia adelante al más puro estilo Ayuso, si es que no Torra, por parte de estos trileros sin escrúpulos que desgobiernan esta desdichada comunidad autónoma (en calificación de Pedrouve, unos redomados pirómanos que intentan pasar por arrojados bomberos).

¿A quien pretenden engañar a estas alturas enarbolando la bandera de la Salud los mismos que, empeñados en “salvar las Navidades”, comenzaron a finales de noviembre a levantar las restricciones entonces en curso y relajaron al máximo las adoptadas para el periodo navideño, propiciando con ello la “vertiginosa” expansión del virus de la que ahora tanto se sorprenden? De eso se trata, de camuflar y encubrir su irresponsable, y puede que hasta dolosa, actuación.

Y para ello no han dudado en perpetrar un desafuero de la gravedad de restringir sin base legal un derecho fundamental reconocido en la Constitución. Que por otra parte no es la primera vez que lo hacen, ya que está el precedente del toque de queda que la Junta implantó por su cuenta y riesgo el pasado 24 de octubre, medida anulada en horas 24 por el Tribunal Superior de Justicia por vulnerar el derecho a la libre circulación de las personas. Aquel despropósito apenas tuvo repercusión, ya que al día siguiente el Gobierno de la Nación decretaba el estado de alarma y el vigente toque de queda en todo el territorio nacional.

La consecuencia fue que las 276 denuncias formuladas por cuerpos policiales en la noche del 24 y la madrugada del 25 de octubre por saltarse un toque de queda indebidamente impuesto por la Junta tuvieron que ser automáticamente archivadas. Pero Mañueco, el esforzado licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca, no se sintió obligado a pedir disculpas por haber suspendido a los 2,4 millones de ciudadanos que resistimos en esta comunidad, aunque solo fuera durante unas horas, un derecho fundamental.

Con ese “aval”, y apoyándose de nuevo en los mismos Servicios Jurídico-Políticos de la Junta -la ineptitud del anterior director general, Ignacio Sáez, ha dado paso al irresponsable servilismo político de Luis Miguel González Gago, a la sazón todavía secretario provincial del PP de Valladolid- Mañueco e Igea han vuelto a desafiar la legalidad, con un pueril argumento que descubre que la noche discurre entre el ocaso y el amanecer... Un adelanto en dos horas del toque de queda anunciado, para mas inri, un cuarto hora después de que el presidente, el vicepresidente y el consejero de la Presidencia, Ángel “Rompetechos” Ibáñez, mantuvieran una reunión telemática con los alcaldes de los municipios de más de 20.000 habitantes y los presidentes de las 9 Diputaciones provinciales en la que no se informó de tan drástica medida.

El hecho de que el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, que gobernando igualmente en coalición con Ciudadanos y siendo partidario asimismo de adelantar el toque de queda a las 20 horas, se haya limitado a solicitar a instar del Gobierno de la Nación una modificación del estado de alarma que posibilite esa anticipación horaria, deja en cueros a Mañueco, ya que de facto el gobierno de Andalucía está reconociendo que no dispone de competencia legal para hacer lo que ha hecho el de Castilla y León.

Quizá este contraste entre la actitud de ambos gobiernos autonómicos tenga mucho que ver con la más que problemática relación que mantienen Mañueco e Igea con las cúpulas nacionales de sus respectivos partidos, pero eso habrá de ser objeto de un análisis reposado.