Que la multinacional australiana Berkeley nunca se ha parado en barras para intentar sacar adelante o por lo criminal, su proyecto de explotar una mina de uranio a cielo abierto en la provincia de Salamanca es algo sobradamente conocido. Como lo es que durante la etapa de Juan Vicente Herrera, el ex presidente que ahora disfruta de un puesto nato en el Consejo Consultivo, la Junta apoyó sin reservas dicho proyecto.

Engrasado el mecanismo autonómico, Berkeley contrató en su día a otro ilustre paisano de la comunidad, el burgalés Antonio Lamela, para que ejerciera sus oficios como “lobbista” ante la Unión Europea, concretamente ante la Comisaría de la Energía cuyo titular no era otro que el ex ministro de Agricultura, Miguel Arias-Cañete. Sin duda una contratación muy indicada, habida cuenta de la trayectoria política de Lamela, que, entre otros cargos en Administraciones del PP, ocupó el de Subsecretario del ministerio de Agricultura (después fue, bajo la presidencia de Esperanza Aguirre, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid que denunció las supuestas sedaciones ilegales del doctor Montes en el hospital de Leganés, falsa acusación que nunca pudo acreditarse en los tribunales). tanto desde la consejería de Economía que desempeñaron el desaparecido Tomás Villanueva y Pilar del Olmo, como por los sucesivos consejeros de Medio Ambiente, entre ellos el actual, Juan Carlos “Rey Sol” Suárez-Quiñones (antes “Pañuelitos”), que se han ocupado de allanar al máximo los requisitos medioambientales de un proyecto tan devastador para el paisaje como peligroso para el paisanaje.

Pero la osadía de Berkeley no conoce límites y ayer “El País” daba cuenta de las presiones que se ha permitido ejercer sobre el Consejo de Seguridad Nuclear, órganismo estatal regulador que tiene pendiente de emitir un dictamen de cuyo signo depende en gran medida la autorización o denegación de la licencia. Entre octubre y diciembre de 2020, Berkeley promovió una serie de escritos dirigidos al CSN cuyo contenido ha considerado absolutamente impropio el organismo, al punto de que su presidente, Josep María Serena, ha dado traslado de ellos tanto a la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados como a la Abogacía del Estado por si ésta los estimara constitutivos de delito.

Pero además de dichos escritos, el CSN ha trasladado asimismo al Congreso otro recibido meses antes que resulta sumamente revelador del “compromiso” de la Junta con la multinacional australiana. Se trata de un escrito fechado el 8 de julio de 2019 en el que el entonces director general de Energía y Minas, Ricardo González Mantero, reitera al CSN su absoluto apoyo al proyecto, insta al organismo a que agilice el trámite para su aprobación y se pemite atribuir la demora a “motivos que, lamentablemente, no parecen ser exclusivamente técnicos”. Un escrito que, al igual que los promovidos meses después por Berkeley, contiene a juicio del CSN “solicitudes e insinuaciones impropias”.

La desfachatez de González Mantero -actual Jefe del Departamento de Relaciones Externas, Estudios y Formación del Ente Regional de la Energía (EREN), organismo que presidió entre 2005 y 2019- es, si cabe, mayor si se observa la fecha en la que perpetró dicho escrito. Celebradas las elecciones autonómicas, el gobierno de Castilla y León se encontraba en funciones a la espera de la investidura del nuevo presidente de la Junta, hecho que se produjo dos días después de la misiva. Lo extraño y sorprendente es que, tras los sucesivos escándalos que han jalonado su largo y doble mandato como director general de la Energía y presidente del EREN, -primero la trama de los huertos solares, después la trama eólica- González Mantero haya conseguido salir indemne de los casos judiciales asociados a dichas tramas.