Siendo la Ley de Presupuestos la más importante del año en cualquier Parlamento -no digamos en Castilla y León, donde hasta el presente se han mantenido en vigor, prórroga tras prórroga, las cuentas aprobadas para 2018- la sesión plenaria de las Cortes encargada de dar la luz verde definitiva al primer proyecto presupuestario del gobierno Mañueco constituye un tedioso trámite sin ningún interés político-informativo. El motivo es que no tiene más objeto que revisar cientos y cientos de enmiendas parciales, en este caso cerca de dos mil, que la mayoría parlamentaria PP-Ciudadanos ha rechazado previamente a su paso por la correspondiente comisión.

El rodillo aplicado en dicha comisión por esa mayoría ha sido implacable. Únicamente han admitido una de las 962 enmiendas parciales del grupo socialista y otra de las 15 del procurador de “Por Ávila”, Pedro J. Pascual, a quien PP y C´s, que cuentan con la mayoría raspada, vienen dispensando un rato deferente, no vaya a ser que algún día, y puede que no tardando, necesitan imperiosamente su voto. Ni una sola de las 720 enmiendas de los procuradores de Podemos y de las 126 de la Unión del Pueblo Leonés ha merecido el apoyo de los grupos que sustentan a la Junta.

Sin embargo y paradójicamente, la Ley de Presupuestos saldrá mañana adelante gracias al “fair play” del grupo socialista, que ha anunciado su renuncia a beneficiarse de las obligadas ausencias de determinados procuradores de Ciudadanos afectados por Covid (varios, entre ellos el portavoz, David Castaño, se encuentran en cuarentena después de que otro, el leonés Javier Panizo, haya dado positivo). Se da la circunstancia de que el procedimiento de voto telemático no rige en la votación presupuestaria, lo cual dejaría en minoría a PP y C´s si no fuera porque el grupo socialista se ha comprometido a renunciar a los votos necesarios para mantener el normal equilibrio de fuerzas existente en la Cámara.

Así las cosas, la mayor novedad de esta tediosa sesión plenaria radica en el relevo que se produce en el único escaño de Vox, al que ha renunciado Jesús García-Conde del Castillo alegando “motivos personales y profesionales”. Pudiendo ser ciertos dichos motivos (García-Conde reside y trabaja en Madrid) también lo es que su renuncia se produce en medio de una fractura interna de Vox en Valladolid, donde el hasta ahora procurador no gozaba de la confianza del nuevo presidente provincial, Javier García Bartolomé, el concejal de la formación en el ayuntamiento vallisoletano. Tampoco es de su cuerda el número dos de la lista autonómica y ex presidente de la gestora provincial, José Ignacio de Uribe, que ha renunciado a asumir el escaño, del que se hace cargo la número tres de la candidatura, Fátima Pinacho, técnica de Orientación Laboral del Ecyl y en su día directora de la Oficina de Empleo en Salamanca.

La aportación parlamentaria de García-Conde no pasará, ni por calidad ni por cantidad, a los anales de las Cortes de Castilla y León. Su último “legado” ha sido el de no presentar ni una sola enmienda parcial a unos Presupuestos de la Junta que antes enmendó a la totalidad. Con eso queda dicho todo.