David Castaño, el portavoz parlamentario de Ciudadanos, tiene cierto problema con la hemeroteca. Ya se vió cuando negó haber afirmado que no se opondría a una posible la comisión de investigación sobre la gestión de la pandemia en las residencias de ancianos, a lo que, llegado el momento, se opuso en un clamoroso ejemplo del “donde dije digo, digo Diego”. No es de extrañar que ahora, con ocasión del incumplimiento del compromiso de su partido de suprimir los “chiringuitos” que forman la Administración B de la Junta, haya salido diciendo que denominar “chiringuitos” a esas empresas, fundaciones y entes públicos de la Junta le parece políticamente “torticero”.

La denominación de “chiringuitos”, referida a fundaciones como la Siglo, empresas como Somacyl o entes como el Itacyl, por citar tres de los más importantes, no la acuñó el actual vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, al cual posiblemente vaya dirigida la afirmación de Castaño. Hace muchos años que este mismo blog y colectivos de defensa de una Administración Pública transparente y profesional, como PLADEPU, vienen refiriéndose así a la mayor parte de esa Administración B, cuya gestión opaca, clientelar y despilfarradora ha quedado una y otra vez de relieve en los sucesivos informes de fiscalización del Consejo de Cuentas.

Como cartel electoral en las autonómicas de 2019, Igea lo único que hizo fue utilizar “torticeramente” ese nido de despilfarro, clientelismo y -en el caso de la antigua ADE- corrupción pura y dura, para presentarse como el gran paladín de esos principios de regeneración democrática y transparencia en la gestión que preconizaba C´s cuando estaba en la oposición. Principios metidos un cajón al día siguiente de dejar de ser oposición: De hecho, en el lapso entre la constitución de las actuales Cortes (21 de junio 2019) y la toma de posesión del nuevo gobierno autonómico (17 de julio), Igea, en ese momento portavoz de Ciudadanos, tuvo tiempo de pactar con el PP un incremento del 24 por ciento en la cuantía de las subvenciones asignadas a los grupos parlamentarios.

Apenas un mes desde que PP y C´s constituyeron esa comisión paritaria que iba a analizar la Administración B, la consejería de Cultura contrataba (a dedo, por supuesto) al actual director de la Fundación Siglo (60.914 euros anuales de sueldo), dejando muy claro su intención de mantener uno de esos infames “chiringuitos” tan denostados por Igea. En otro de ellos, el Itacyl, dependiente de Agricultura, recaló después, con otros 59.000 euros de ala, la periodista Soraya Mayo, que había perdido el escaño de diputada del Congreso en las elecciones generales. Y a otro de los descalabrados en esos mismos comicios, el ex diputado por Zamora José Antonio Bartolomé, lo quiso colocar Igea como director de la fundación SERLA, intento malogrado ante la oposición de CC.OO. y UGT. (Igea no se olvidó de Bartolomé, nombrado director general de Trabajo tras la llegada de la amiga Ana Carlota, “la dama de las orquídeas” a la consejería de Empleo.

Frente a los 32,3 millones de presupuesto con que cuenta la Fundación Siglo, los 75 del Itacyl o los 16,5 de la Fundación Patrimonio Natural –no hablemos ya de los 224 del ICE (antigua ADE) o de los 390 millones que maneja Somacyl- la dotación presupuestaria del único ente que han decidido cargarse PP y C´s, la fundación Anclaje, no llega a un millón de euros. Torticerismo? ¡A Noé le van a hablar de inundaciones…!