Si Ciudadanos no atraviesa su mejor momento tras el descalabro sufrido en las elecciones catalanas, la facción que aquí acapara la cuota del partido en la Junta tampoco anda como para tirar cohetes. Ni su capitoste, el vicepresidente Igea, ni ninguno de los titulares de las otras tres consejerías en manos de dicha facción -el de Cultura comparece este martes en las Cortes para explicar el desaguisado del espacio televisivo “Prodigios”- están como para seguir sacando pecho.

A la consejera de Empleo, la amiga Ana Carlota, “la dama de las orquídeas”, le ha estallado en toda su virulencia el conflicto suscitado por la polémica subvención de medio millón de euros concedida el pasado mes de diciembre a Avilagro, entidad privada que agrupa a empresarios abulenses del sector agroalimentario. La subvención, destinada a poner en marcha una plataforma logística agroalimentaria dentro del Plan Territorial de Fomento (PFT) de Ávila, ha suscitado mucha polvareda por dos motivos no exentos de relación entre sí.

El hecho de que el proyecto descanse sobre una entidad privada ha levantado ampollas entre los agentes del Diálogo Social (patronal CEOE y sindicatos UGT y CC.OO.), que forman parte de los órganos de impulso y seguimiento del PFT abulense. A ello se añade que Avilagro, asociación creada en 2018, fue promovida por iniciativa conjunta de la que iba a ser su presidenta, Isabel López Resina, directora general de Santa Teresa Gourmet, y la consultora empresarial Addit, uno de cuyos fundadores no fue otro que el actual viceconsejero de Empleo, David Martin, responsable de su área laboral hasta su desembarco en política como cabeza de lista de Ciudadanos por Ávila en las elecciones autonómicas de 2019.

López Resina y el propio Martín vienen acusando a los agentes sociales de obstaculizar la puesta en marcha de la Plataforma Agroalimentaria, a lo que el presidente de la patronal abulense, Juan Saborido, ha respondido exigiendo la dimisión del viceconsejero por su manifiesta vinculación con Avilagro a través de Addit. No se le acusa explícitamente de tráfico de influencias, pero se da por sobreentendido.

Elegido procurador por Ávila en mayo de 2019, nada más constituirse las actuales Cortes fue nombrado portavoz adjunto del grupo parlamentario naranja, en un primer momento liderado por Igea. Sin embargo, apenas permaneció unas semanas en ese puesto, ya que tan pronto se formó el gobierno de coalición PP-C´s, renunció al escaño para hacerse cargo de la viceconsejería de Empleo como oficioso número dos del consejero de Germán Barrios. Sin embargo, lejos de constituirse en mano derecha de Barrios, su misión consistió en torpedear su gestión todo lo posible, siguiendo las instrucciones cursadas al efecto por el vicepresidente Igea, que para eso promovió y apadrinó su nombramiento.

Dimitido Barrios harto de soportar esa labor de zapa, Igea intentó colocar a Martín al frente de la consejería, a lo que se opuso la cúpula nacional de Ciudadanos en un pulso que se zanjó con el nombramiento de la amiga Ana Carlota, quien fue obligada, eso sí, a renunciar a su escaño de procuradora por León. Y a “la dama de las orquídeas”, más a la greña que nunca con los agentes del Dialogo Social, le estalla ahora la polémica subvención de marras. De enredo en enredo, el signo de Igea y los suyos.