Pese a la contumaz negativa de la consejería de Familia a facilitar los datos sobre los fallecimientos por Covid en cada una de las residencias privadas de Castilla y León, se sabe que en 306 de un total de algo más de 700 la pandemia ha tenido efectos letales. Se sabe gracias al empeño del periódico digital ileon.com, que, al ver desatendida su demanda de información al respecto, solicitó el dato a la contra de las residencias que no han registrado fallecimientos, obteniendo así un listado en el que aparecen 410 centros de dicha naturaleza.

En realidad, no todas esas 306 residencias son de titularidad privada, ya que entre ellas figuran las dependientes o participadas por ayuntamientos, Diputaciones y otras entidades públicas y sobre las cuales la consejera Isabel Blanco extiende ese mismo manto de opacidad.

La consejería únicamente ofrece datos individualizados sobre los 25 centros residenciales titularidad de la propia Junta, en los que se han contabilizado 183 fallecimientos (no se precisa si dicha cifra corresponde exclusivamente a los decesos registrados en las propias residencias o incluye los de los residentes fallecidos en hospitales). En ese luctuoso ranking destacan dos residencias por su alto grado de letalidad: la residencia asistida de Segovia (59 muertes) y la residencia “Los Royales” de Soria, que, teniendo una capacidad en torno a 130 plazas, ha registrado 39 muertes y 93 contagios superados.

En cualquier caso, el dato es que, tras la campaña de vacunación, el número de residentes fallecidos por Covid en Castilla y León se ha estabilizado en algo más de 4.000 (2.173 en los propios centros y 1.887 tras su ingreso hospitalario), lo que viene a suponer cerca de un 10 por ciento del total de usuarios de residencias de ancianos en la comunidad.

Esos 4.060 fallecimientos sitúan a Castilla y León a la cabeza del ranking de letalidad en relación con la población. De hecho, somos la tercera comunidad en términos absolutos, solamente detrás de Madrid (6.195 muertes) y Cataluña (5.437) y a mucha distancia de la cuarta, Castilla La Mancha (2.815). Y la primera en número de contagiados, con más de 15.000, más de un tercio del total de residentes en estos centros.

Se comprende, a la luz de estos datos, que el PP y Ciudadanos vetaran la creación de la comisión parlamentaria de investigación solicitada por la oposición para esclarecer lo ocurrido en las residencias de ancianos de Castilla y León durante la pandemia, iniciativa parlamentaria que, ojo, podría ser planteada de nuevo una vez que los partidos que sustentan al gobierno de la comunidad han perdido la mayoría absoluta.

La ocasión la pintan calva, ya que, conforme al Reglamento de las Cortes, se necesita una mayoría absoluta en contra para que la comisión no se constituya. Hace al caso recordar que la anterior solicitud de comisión contó con el respaldo expreso de todo el grupo mixto con la única excepción del procurador de Vox, quien en el pleno que debatió el veto de PP y C´s consideró “urgente y necesaria” dicha investigación, lamentando que su partido fuera excluido de la iniciativa de promoverla. Así pues, Houston tenemos un problema…

Más exactamente lo tienen las consejeras de Familia y Sanidad, responsables al alimón de aquella fatídica instrucción conjunta que suspendió de facto el derecho de los residentes contagiados a recibir la atención hospitalaria que a todas luces precisaban.