¿Se toma el presidente Fernández Mañueco la molestia previa de leerse las órdenes, decretos y disposiciones que él mismo firma en el Boletín Oficial de Castilla y León? A tenor de lo que después afirma en su cuenta de Twitter, “El topillo” duda de que se moleste en tan tedioso ejercicio intelectual.

Lo digo por el tuit publicado ayer a propósito de la derogación del “decretazo” perpetrado el pasado 12 de noviembre, sábado para más señas, contra el personal sanitario de la Junta, en el que por todo argumento se esgrime como una única razón “el alto grado de inmunidad de nuestros sanitarios por la vacunación” (gramática y sintaxis no son obviamente el fuerte del presidente o del “community manager que se ocupa de sus redes sociales).

Acabáramos. O sea que, para pasmo de todos y en especial de los afectados, resulta que el “decretazo” de marras se realizó para proteger la salud de nuestros sanitarios y no para imponer unilateralmente a los mismos cambios en sus condiciones laborales si la emergencia sanitaria (en buena parte agravada por la negligente gestión de la propia Junta) obligaba a adoptar medidas excepcionales. Mañueco debería ser algo más cuidadoso que su vicepresidente, el desahogado Francisco Igea, a la hora de tomarnos a sus “súbditos” como absolutos imbéciles.

Lo cierto es que el decreto de derogación que hoy aparece en el Bocyl - firmado (se lo haya leído o no) por el presidente de la Junta- en ningún momento hace referencia al grado de inmunidad de los sanitarios del Sacyl, sino a que la situación epidemiológica y de capacidad de respuesta del sistema regional de Salud dista mucho el 8 de abril de la que existía el pasado 12 de noviembre. Cierto. Pero más distaba el 20 de marzo, fecha en la que la tasa de Incidencia acumulada a 14 días en Castilla y León era de 107,44 y el número de hospitalizados por Covid bajó hasta los 397 (262 en planta y 135 en UCI).

Desde dicha fecha la tasa de IA no ha dejado de subir y ayer se situaba en 180,88, elevándose las hospitalizaciones a 519 (400 en planta y 119 en UCI). Tenemos así que la derogación del “decretazo” se produce en plena ascensión de la cuarta ola, como la propia consejera Verónica Casado -una vez más con el pie cambiado- acaba de reconocer.

¿A qué obedece esa enésima incongruencia en la gestión sanitaria de la pandemia? Pues a algo tan sencillo como que en el próximo pleno de las Cortes, en el que PP y Ciudadanos ya no suman mayoría absoluta, se vota una PNL presentada por el grupo socialista que, entre otros puntos, instaba a la Junta a la derogar del “decretazo”.

Y sucede que al llamado a ser “el procurador número 41”, el abulense Pedro José Pascual, se le podrá pedir casi todo, pero no que apoye de facto esa agresión presidencial contra el personal sanitario. Como no podía ser de otra forma, ya que es médico destinado en el servicio de urgencias del hospital abulense, Pascual ha venido abominando del “decretazo” que, en un vano intento de hacer de la necesidad virtud, Mañueco se ha visto obligado a derogar porque a la fuerza ahorcan. Así que, apreciado Alfonso, a otro perro con ese hueso de la inmunidad de nuestros sanitarios, y de paso a ver si nos leemos lo que firmamos luego en el Bocyl…