Lo vio venir “El topillo” la pasada semana y así se ha confirmado: la oposición va a aprovechar la pérdida de la mayoría absoluta para volver a solicitar en las Cortes la comisión de investigación sobre el Covid y las residencias de ancianos vetada el pasado mes de diciembre por PP y Ciudadanos.

Ambos partidos, que entonces sumaban 41 de los 81 escaños de la Cámara, fueron los únicos en oponerse a una comisión promovida por el grupo socialista y todos los miembros del grupo mixto, con la única de excepción del procurador de Vox (entonces Jesús García-Conde del Castillo), quien sin embargo no se sumó al veto del PP y C´s.

Conforme al Reglamento de las Cortes, las comisiones parlamentarias de investigación quedan automáticamente constituidas si no se oponen a ellas una mayoría absoluta de los procuradores. Y esto lo tiene ahora muy difícil el bloque PP-C´s después de que la procuradora no adscrita, María Montero, haya adelantado ya su postura favorable a crear esta comisión, de forma que, salvo que cambie de posición alguno de los miembros del grupo mixto, esta vez la iniciativa saldrá adelante. Y no parece fácil que ninguno de los procuradores más afines al bloque de gobierno, Pedro Pascual (Por Ávila) y Fátima Pinacho (Vox) estén dispuestos a asumir la responsabilidad de frustrar una comisión de la que eran partidarios el pasado mes de diciembre.

Así las cosas, la Junta va a tener que hacer frente al problema de tener que explicar su gestión sobre los efectos de la pandemia en las residencias de ancianos, donde el Covid se ha cobrado la vida de 4.060 residentes (2.173 fallecidos en los propios centros y 1.887 en hospitales). Un problema que no solo concierne a la consejera de Familia, Isabel Blanco, responsable de tutelar el funcionamiento de las más de 700 residencias de ancianos reconocidas en Castilla y León.

También tendrá que ofrecer explicaciones la consejera de Sanidad, Verónica Casado, corresponsable con Blanco de la instrucción conjunta de ambas consejerías que cuando más arreciaba la primera ola de la pandemia privó de asistencia hospitalaria a los que contrajeron la enfermedad en las residencias de ancianos.

En diciembre pasado, obligada por una resolución del Comisionado para la Transparencia, la consejería de Familia se vio obligada a reconocer que entre el 14 de marzo y el 31 de octubre de 2020 fallecieron por Covid 2.938 usuarios de las residencias, de los cuales 1.824, el 62 por ciento, murieron en sus habitaciones sin haber sido trasladados a ningún hospital. Lo dicho: Muchas explicaciones van a tener que dar Blanco y Casado para justificar, entre otras omisiones, esta desatención hospitalaria.

Nota del autor.- Siguiendo las órdenes de la Superioridad, como rezaba la terminología oficial durante el franquismo, se ha procedido a bloquear-censurar el acceso al blog de Pedro Vicente desde los ordenadores de distintas dependencias de la Junta de Castilla y León. Ni el nefasto vicepresidente de los anteriores gobiernos del PP, de infausta memoria para la libertad de información, se había atrevido a tanto. Pero ya lo advierte la fatídica ley de Murphy: todo es empeorable. Es lo que tiene ese extraño concepto de algunos sobre la transparencia y la regeneración democrática, que les lleva a intentar poner puertas al campo. Además de patéticos censores, estultos hasta decir basta…