Se diría que el presidente de la Junta no frecuenta mucho bares y restaurantes, al menos de un año a esta parte. De otra forma no se comprende que se permita declarar cosas como que “en estos momentos estamos un poco más aperturistas que la comunidad de Madrid”, afirmación que no contribuye precisamente a calmar los encendidos ánimos del sector hostelero de Castilla y León. Ni al vicepresidente Igea, el Gran Crispador y máxima bestia negra del gremio, se le ha ocurrido decir algo así. Todo lo contrario, como luego veremos.

Si Mañueco cree que por haber ampliado hasta las doce de la noche el horario de la Hostelería, ha conseguido reconciliarse con el sector, es que vive en otro mundo. A fecha de hoy está cerrado el interior de bares y restaurantes en 29 municipios de la comunidad, entre ellos cuatro capitales de provincia (Burgos, León, Segovia y Soria) y otras seis poblaciones (Ponferrada, Miranda de Ebro, Aranda de Duero, San Andrés del Rabanedo, Laguna de Duero y Medina del Campo) de las 15 que superan los 20.000 habitantes. En total, alrededor de 725.000 habitantes afectados por dicha restricción.

El malestar suscitado por la regla de cerrar el interior de la hostelería en los municipios que superen los 150 casos Covid por 100.000 habitantes no se para en el sector. Dirigentes y cargos públicos del PP no ocultan su rechazo a una medida que consideran muy dañina para sus intereses electorales. Si días atrás airó su malestar el presidente del PP y de la Diputación de Ávila, Carlos García, esta semana ha puesto el grito en el cielo la alcaldesa de Aranda de Duero, Raquel González Benito, que ha anunciado su propósito de impugnar judicialmente la inclusión de su municipio en esa lista negra. En el caso de Aranda llueve sobre mojado, ya que el ayuntamiento las tuvo tiesas con la Junta con ocasión de los cierres perimetrales sufridos el pasado verano.

No es el único alcalde o alcaldesa del PP que no comulga con las restricciones de la Junta al sector hostelero. A “El topillo” le consta la cruz que soporta al respecto la alcaldesa de Aguilar de Campoo, María José Ortega, a la sazón procuradora de las Cortes. Y no sabemos qué pensará, si es que piensa algo, otra alcaldesa-procuradora del PP, María Ángeles García Herrero, primera edil de Carbonero el Mayor, municipio segoviano que se acaba de incorporar a la lista de los damnificados por la regla de los 150 casos.

Consciente del rechazo que suscita dicha regla, Igea estudia como flexibilizar la misma sin que parezca que la Junta se baja los pantalones ante el clamor contrario a la medida, al que se ha sumado el giro del flamante número dos nacional de Ciudadanos, el pintoresco Edmundo Bal, partidario él, más chulo que un ocho, de ir recuperando el ocio nocturno de la madrugada.

El vicepresidente viajó a Segovia a última hora del lunes para reunirse con directivos de la Federación Empresarial Segoviana, a los que hizo concebir esperanzas de una relajación de las actuales restricciones. Junto al presidente de la patronal, Andrés Ortega, y de la presidenta de su comisión de hostelería y turismo, Rocío Ruíz, asistió al encuentro el restaurador José María, padre de la anterior y fundador del conocido restaurante del mismo nombre, que, al no disponer de terraza, permanece completamente cerrado. Solo faltó para completar el clan familiar el hermano de Rocío, Pedro Ruiz Aragoneses, presidente de Vitartis e impulsor de los proyectos empresariales agrupados bajo la marca “Alma de Carraovejas”. Y es que la familia que presiona unida…