A nadie le cogió de sorpresa el Informe del Procurador del Común debatido el pasado martes por el pleno de las Cortes. Entre otras cosas porque el documento, correspondiente a la gestión pública de 2.020, hace semanas que fue entregado al presidente de la Cámara y puesto a disposición de los grupos parlamentarios.

Nadie puso en duda durante el debate del martes la objetividad, imparcialidad y rigor del Informe presentado por Tomás Quintana, titular de la institución. Ni siquiera el PP y Ciudadanos, que prefirieron no darse por enterados de las demoledoras críticas del Procurador a aspectos tan sustanciales como la gestión de la pandemia en las residencias de ancianos (4.062 muertos, más de la mitad de ellos fallecidos en los propios centros) y el cierre a la atención presencial en los Centros de Salud y Consultorios Locales.

Hasta que ayer, 24 horas después, “el ciclista fondón y creyente lleno de dudas” (sic) aprovechaba el púlpito oficial de la sala de prensa del Colegio de la Asunción para arremeter furibundamente contra el Informe y contra el Procurador, calificando al primero de “falto de rigor” y al segundo de verter una “opinión” o hacer “comentarios de comentarios”, lo que al vicepresidente, consejero y portavoz de la Junta le ha sorprendido “desagradablemente” (como si se hubiera enterado anteayer de su contenido).

Lo que a estas alturas no sorprende a nadie es una enésima salida de tono del Gran Crispador de estos Reinos, quien de paso manipula los propios datos de la Junta y reduce a 2.957 (que tampoco son pocos) los residentes muertos por Covid (1.812 en los hospitales y 1.145 en las residencias), ocultando los otros 1.105 fallecidos asimismo en los propios centros “con síntomas compatibles”, a la mayor parte de los cuales no se les pudo diagnosticar la enfermedad precisamente por no haber recibido la imprescindible atención médica).

Lo que denota esta esta nueva meada fuera del tiesto es el ataque de nervios de Igea, extendido a todo el gobierno Mañueco, ante la inevitable puesta en marcha de la comisión de investigación sobre las residencias que esta vez el PP y Ciudadanos no van a poder evitar. Una comisión en la que quedará claro, tal como ha apuntado el Informe del Procurador, la negligente y temeraria gestión de la Junta, presuntamente dolosa en lo que se refiere a la instrucción conjunta de los gerentes del Sacyl (Mitadiel, ¡quien te ha visto y quién te ve..!) y Servicios Sociales que privó de asistencia hospitalaria a los residentes contagiados.

Una instrucción que Igea justificó e hizo suya en su momento, expresando su total respaldo a la consejera de Sanidad, Verónica Casado, máxima responsable junto a la de Familia, Isabel Blanco, del fiasco. “La consejera ha dicho que lo haría mil veces, y yo lo firmaría mil veces”, proclamó entonces. (Casado, que compartía con el vicepresidente la rueda de prensa de ayer, no dijo ni pío sobre el Informe del Procurador, quien ha venido clamando en el desierto ante la sustitución de la atención presencial en los Centros de Salud por una “atención telefónica” que no garantiza una asistencia correcta, como han puesto de manifiesto los diversos casos de cáncer no diagnosticados a tiempo).

Si a lo anterior se añade que en lo que se refiere al Procurador del Común, a la sazón Comisionado de la Transparencia, Igea respira por la herida de las resoluciones que han obligado a la Junta a facilitar datos que mantenía (y todavía mantiene) en la opacidad, se comprenderá su simpatía hacia Tomás Quintana. No se preocupe don Tomás, que el suyo no es un caso único.