La novedad de la sesión de control parlamentario celebrada este martes en las Cortes es que el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, no se erigía en protagonista del habitual fuego cruzado entre el gobierno Mañueco y la oposición. Por una vez no acaparó las respuestas en nombre de la Junta y tan solo contestó a dos preguntas, si bien en una de ellas suplantando la responsabilidad de la consejera de Sanidad, Verónica Casado.

Por razones que vaya a usted a saber, Igea asumió la respuesta a la primera pregunta formulada por María Montero desde que abandonó Ciudadanos, relativa a la situación del Servicio de Hematología del complejo hospitalario de Salamanca. Y no lo hizo para acusar de trasfuguismo a la procuradora no adscrita, a la que contestó con una corrección desconocida en el vicepresidente.

Se esperaba que Igea, que antes había librado un “dèja vu” sobre corrupción con la socialista Ana Sánchez, contestara a la pregunta formulada por el procurador de Podemos sobre la comprometida situación de Ignacio Cosidó, el asesor del presidente de la Junta que fuera director general de la Policía cuando se perpetraron los hechos investigados en el caso Kitchen. Pero la respuesta corrió a cargo del consejero de Presidencia, Ángel Ibáñez, que acudía pertrechado de munición demoledora.

Después de encajar las andanadas de Pablo Fernández, quien acusó al PP de “parasitación de las instituciones hasta la náusea” y calificó a Cosidó de “enchufado ilustre” y de ser “el hombre que sabía demasiado”, Ibáñez desveló el desenlace de una demanda judicial presentada el pasado año por el exdirector de la Policía a raíz de unas declaraciones del procurador al programa televisivo “Todo es mentira”.

El consejero de Presidencia leyó literalmente el acuerdo alcanzado en el acto conciliación, en el que Fernández se retractó de arriba debajo de lo manifestado en ese espacio televisivo, admitiendo que sus afirmaciones habían sido “erróneas” y que nunca se quiso referir a Cosidó, al que dijo haber confundido con otra persona. Tremendo. Con ese antecedente, no se entiende que el procurador de Podemos fuera por lana cuando era evidente que iba a salir seriamente trasquilado.

La habitual ración de “mamporrerismo parlamentario” a cargo de Ciudadanos corría en esta ocasión a cargo de la procuradora palentina Alba Priscila Bermejo, quien preguntó al consejero de Cultura y Turismo, Javier Ortega, por el grado de ejecución de las ayudas a los establecimientos turísticos -ella regenta uno- convocadas el pasado mes de enero. Por si no estaba clara la pantomima, en su exposición de la “pregunta” la propia procuradora se dio a sí misma respuesta, obviamente con los datos previamente facilitados por la consejería. Después agradeció al consejero su “empatía, trabajo y compromiso” con el sector y acabó calificando como “magnífica” su gestión en favor de la recuperación del turismo. Está claro que Bermejo desconoce la célebre frase de Josep Tarradellas: “En política se puede hacer todo, menos el ridículo”. Una lapidaria sentencia que ayer tampoco se aplicó el procurador de Podemos.