Imposible saber cuántos de los patriotas concentrados ayer en la plaza de Colón procedían de Castilla y León, y más difícil todavía saber cuántos aportaron cada uno de los tres partidos que respaldaban la convocatoria. A juzgar por los que posaron junto al secretario autonómico del PP, Francisco Vázquez, no parece que el primer partido de la oposición se esforzara demasiado en movilizar a sus huestes castellano-leonesas.

En cuanto a Ciudadanos, los preliminares del happening han permitido conocer su descriptible capacidad de convocatoria. Me refiero a la concentración celebrada en la tarde de viernes ante la sede de la Delegación de Gobierno en Castilla y León, a la que ni siquiera asistieron todos sus cargos públicos elegidos por Valladolid.

Se da la circunstancia de que en el pleno de las Cortes de la pasada semana los once procuradores de Ciudadanos, cinco de ellos liberados con sueldos de más de 90.000 euros anuales, se sumaron como un solo hombre a la proposición no de ley del grupo popular contra los indultos, sin exigir, como hubiera sido más lógico, que dicha iniciativa hubiera sido conjunta.

Sin embargo, al contrario de lo ocurrido en Barcelona, el PP no se sumó a la concentración convocada por sus socios en la Junta ante la Delegación del Gobierno. Y el resultado fue que allí se dieron cita menos de 40 asistentes, en su inmensa mayoría cargos públicos, entre ellos el presidente de las Cortes, Luis Fuentes, el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, los consejeros Ana Carlota Amigo y Javier Ortega, y, como no, la procuradora y secretaria tercera de la Mesa de la Cámara, Marta Sanz Gilmartín, a la que el PP hace tiempo que se le ha quedado completamente a la izquierda.

La verdad es que resultó bastante patético ver a responsables institucionales de ese nivel ponerse delante de una pancarta ante la Delegación del Gobierno, pero a estas alturas, con tal de conservar sus momios, cualquier cosa es posible en lo queda de Ciudadanos. Tres horas después miles de personas participaron en la manifestación celebraba en Valladolid en repulsa por los últimos asesinatos de signo machista. Ninguno de los asistentes a la protesta ante la Delegación del Gobierno fue visto en esa convocatoria feminista. Lo que queda de Ciudadanos en Castilla y León tiene muy claras sus prioridades, mayormente la de conservar las prebendas obtenidas tras el “pacto de la rapiña” firmado hace dos años con el PP de Fernández Mañueco.