“Rigor, severidad y diligencia”. Esto es lo que prometió la Junta, por boca de su vicepresidente y portavoz, en torno a la investigación interna abierta para esclarecer los presuntos abusos sexuales cometidos en el hospital de Medina del Campo. “No vamos a tolerar delitos ni encubrimientos”, enfatizó, muy digno él, el inefable Francisco Igea. Era lo mínimo que podía decir el número dos (el número uno ni ha estado ni se le espera en el caso) de una Administración en una de cuyas dependencias sanitarias se ha producido un escándalo de semejante naturaleza.

Al efecto de abordar dicha investigación, independiente de que la iniciada por la Fiscalía en el ámbito penal, la consejería desplazó inmediatamente hasta el hospital medinense a un inspector encargado de instruir un expediente reservado sobre los hechos denunciados en su día por 26 trabajadores de dicho centro hospitalario. En consonancia con la “diligencia” anunciada por Igea, se suponía que dicho expediente estaría concluido en breve y que su contenido sería comunicado a la Fiscalía, a la que la consejería dio trasladó del caso antes incluso de iniciar la investigación interna.

Pero la consejera Verónica Casado tiene sus propias normas, que con frecuencia desafían al sentido común. Y ayer, preguntada sobre el estado de la investigación interna, se descolgó afirmando que la misma está a expensas de lo que determine la Fiscalía. O sea, el mundo al revés. En lugar de dar traslado al ministerio fiscal de esa información reservada, la consejería permanecerá a la espera de lo que decida la Fiscalía, que por cierto puede tirarse fácilmente seis meses investigando lo ocurrido. Se supone que los servicios jurídicos de la Junta, tan solventes ellos, deberían asesorar a la consejera Casado acerca del procedimiento habitual en estos casos.

Paralelamente, respecto a la cascada de ceses en el organigrama del hospital medinense que la consejería ha estado admitiendo como dimisiones “por razones personales”, el Bocyl ha ido desvelando que algunas que no han tenido nada de voluntarias. Primero ha sido el caso del Jefe de Traumatología, José Ángel Sanz, jefe directo del médico denunciado por los presuntos abusos, que en realidad ha sido cesado “por pérdida de confianza” y sin el clásico agradecimiento de los servicios prestados, lo que no le deja precisamente en el mejor lugar. Y tampoco ha sido una dimisión, sino un cese “por cambio de estrategia”, el del director de gestión del Hospital Clínico de Valladolid, Mariano Cortés Alonso-Villalobos, al que, eso sí, al menos se le han agradecido los servicios prestados.

Así las cosas, la única dimisión constatada a ciencia cierta es la del gerente del Clínico y del hospital medinense, José Manuel Vicente, quien, en una extensa entrevista concedida días atrás a “El Norte”, explicaba pormenorizadamente su actuación en torno al caso. Algo que a esta fecha todavía no ha hecho, ni parece que tenga la menor intención de hacerlo, la consejera Casado.