Entre el “caso Tándem”, que investiga las turbias actividades del ex comisario Villarejo, y el “caso Kitchen”, centrado en el espionaje de la “policía patriótica” del gobierno Rajoy al ex tesorero Bárcenas, el juez Manuel García Castellón, titular del Juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, sigue tirando de un ovillo que amenaza con llevar al banquillo a políticos y empresarios que se creían “intocables”.

El penúltimo empapelado por García Castellón ha sido nada menos que el todopoderoso presidente de Iberdrola, el ingeniero salmantino Ignacio Sánchez Galán, quien va a tener que responder ante su señoría por los servicios contratados a Villarejo presuntamente para que éste espiase a los competidores de la empresa eléctrica. La imputación a Sánchez Galán se produce a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que extiende la misma acusación a otro viejo conocido de la política en Castilla y León, el que fuera consejero de Economía Fernando Bécker, alto directivo de Iberdrola durante la etapa en que se produjeron los hechos investigados. Recomendado de José María Aznar, Bécker ocupó la consejería en el primer gobierno presidido por Juan José Lucas.

Iberdrola abonó entre 2004 y 2016 facturas por importe de más de 1,1 millones de euros a empresas vinculadas al excomisario, quién realizó trabajos de espionaje a empresarios de la competencia, entre ellos Florentino Pérez, presidente de ACS, que llegó a ser principal accionista de Unión Fenosa, y a Manuel Pizarro, presidente de Endesa hasta su venta a la multinacional italiana ENEL.

Presidente de Iberdrola desde 2006, Sánchez Galán pasa por ser todo un prócer salmantino y por extensión de Castilla y León, donde la compañía heredó la actividad de Iberduero, propietaria de la red de saltos hidroeléctricos construida en las provincias de Salamanca y Zamora. En 2009 la Diputación de Salamanca le otorgó la Medalla de Oro de la Provincia, y en 2013 el ayuntamiento de la capital charra, a propuesta del alcalde Alfonso Fernández Mañueco, la Medalla de Oro de la Ciudad. Desde ayer, el juez García Castellón le investiga por algo tan poco edificante como presuntos delitos continuados contra la intimidad, cohecho activo y falsedad en documento mercantil.