Hicieron un ridículo espantoso con aquel dictamen que convirtió la hora de la puesta del sol en argumento jurídico para adelantar en Castilla y León el horario del toque de queda establecido en todo el Estado, ocurrencia del gobierno Mañueco desautorizada después por una contundente sentencia del Tribunal Supremo. Pero si alguien pensaba que, tras ese revolcón judicial, que no era el primero, los Servicios Jurídicos de la Junta iban a cortarse un pelo antes de prestarse a proporcionar coartadas a las decisiones puramente políticas del gobierno Mañueco, estaba equivocado. Para eso fue recolocado como director de los mismos un político del PP tan connotado y de tan larga trayectoria como Luis Miguel González Gago, el único alto cargo del anterior gobierno cesado en su día sin que se le agradecieran los servicios prestados.

Al irrumpir la quinta ola, Castilla y León ha sido la única comunidad autónoma en defender la reimplantación del toque de queda en el conjunto de España. Y así lo planteó la consejera Verónica Casado en el Consejo Interterritorial de Salud del pasado 7 de julio, en el que dicha propuesta no encontró ningún apoyo. Ello no ha sido obstáculo para que con el paso de los días otras comunidades hayan planteado a sus respectivos Tribunales Superiores de Justicia la aplicación de toques de queda acotados a los municipios en peor situación epidemiológica. En Cataluña, que está a la cabeza en la tasa de Incidencia Acumulada, el toque de queda entra en vigor el próximo fin de semana en horario de una a seis de la madrugada. En la Comunidad Valenciana está en vigor con el mismo horario desde el pasado fin de semana y Cantabria ha planteado idéntica medida para 53 de sus municipios.

Pero hete aquí que Castilla y León, con una IA por encima de los 800 casos (la más elevada después de Cataluña) descarta ahora la misma medida que una semana antes, cuando esa incidencia era de 283 casos, defendía para toda España. Y ello sacándose de la manga un informe de los Servicios Jurídicos que lo desaconseja basándose en anteriores resoluciones judiciales del TSJ sobre hechos y supuestos completamente diferentes. Del ocaso a la aurora boreal. Mañueco no quiere correr con el desgaste político de un nuevo toque de queda y González Gago se ocupa de vestir el muñeco de esa decisión política predeterminada. Así de descarado. Si en lugar de un informe se tratara de un resolución, estaríamos ante una prevaricación de libro.

De paso, ha quedado por enésima vez en evidencia el papelón del Comité de sedicentes Expertos que supuestamente asesora a la Junta en la materia. Viendo que arreciaba la quinta ola, el domingo 4 de julio, con la IA en torno a los 200 casos, la consejera Casado convocó de urgencia al presunto Comité, que sugirió dos opciones: que toda la comunidad regresara al nivel de alerta 2 o que, en su defecto, se cerrara completamente el ocio nocturno. Cuatro días más tarde, el jueves, con la IA por encima de los 300, el Consejo de Gobierno despachó la situación de la manera más laxa, haciendo caso omiso a ambas recomendaciones. Y aun hoy, otra semana después, con la incidencia disparada hasta 808 casos, (825 según la tabla del ministerio) se adopta por toda medida la de crear un nuevo grupo de trabajo que estudie la situación. La desfachatez de Mañueco, Igea y Casado no conoce límites.