Se veía venir que, una vez que el juez y la fiscalía habían empezado a desentrañar la madeja, la causa abierta por la chapucera “colecta” montada por el PP de Salamanca con ocasión de las primarias autonómicas que Alfonso Fernández Mañueco ganó a Antonio Silván iba a traer consecuencias judiciales a su máximo promotor, el presidente provincial del partido y de la Diputación salmantina, Javier Iglesias.

Y así se ha confirmado en un auto del Juzgado de Instrucción que declara investigados a Iglesias, a la gerente del partido, Isabel Sánchez, y al propio PP de Salamanca como persona jurídica por presunto delito de financiación ilegal. El juez constata la recaudación de un montante de 61.937 euros destinados a satisfacer cuotas de militantes que no estaban al corriente de pago, requisito imprescindible para poder participar en la votación. E incluso dado por buenos los recibos y justificantes aportados sobre las donaciones, el auto judicial considera que están sin justificar 24.140 euros que han de calificarse como “donación anónima ilegal”.

El fiscal estima que al tratarse de un supuesto de donaciones anónimas cabe aplicar caso el art. 304 bis 5 del Código Penal, que tipifica la financiación ilegal de los partidos políticos.

El auto judicial se produce cuando el PP de Salamanca sigue sin convocar el congreso provincial que debiera haberse celebrado como muy tarde en el mes de septiembre y que no puede demorarse más después de que hoy mismo se haya anunciado que el congreso autonómico tendrá lugar a mediados de enero en León.

La nueva fase en la que entra el caso supone un serio revés no solo para el PP de Salamanca y su todavía presidente, que aspiraba a una nueva reelección, sino también para el propio Fernández Mañueco en la medida de que empaña su victoria en aquellas primarias autonómicas de 2017.