El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado el proyecto de Ley de Mercado Abierto para ser la primera región de España donde las empresas y operadores económicos, de todo el territorio nacional, puedan instalarse sin tener que solicitar permisos o licencias adicionales que ya tengan en sus lugares de origen. El texto se ha remitido a la Asamblea de Madrid para iniciar su tramitación legislativa.

La nueva normativa tiene como objetivo fomentar la inversión, la generación de empleo y la reactivación económica. Con esta Ley, y con carácter general, cualquier entidad que ya esté legalmente establecida en otra comunidad autónoma podrá hacerlo libremente en Madrid de forma automática. Este adelanto también se aplica a los productos que se comercialicen en el resto de España y que, por tanto, podrán circular libremente sin necesitar requisitos extra a los que ya soportan.

De esta forma, la Comunicad de Madrid da otro paso en la eliminación de trabas regulatorias, una de sus prioridades para atraer inversiones, y actúa en consonancia con las recomendaciones de la Comisión Europea para garantizar la unidad de mercado.

La Ley no solo contribuirá a la simplificación administrativa, sino que potenciará la llegada de inversiones y ayudará a impulsar la actividad económica. Este avance se plasmará mediante la libre circulación de bienes y servicios y el reconocimiento automático de licencias para que empresas y profesionales de todo el territorio nacional puedan operar en la región.

Según las previsiones del Gobierno regional, la aplicación de la nueva Ley de Mercado Abierto supondrá un aumento del PIB madrileño de un 1,6% a medio y largo plazo, lo cual se traducirá en una creación de riqueza próxima a 4.000 millones de euros anuales y unos 50.000 nuevos empleos.

Potenciar el crecimiento y la competitividad 

Organismos e instituciones de referencia internacional llevan años alertando sobre los efectos perversos de la fragmentación del mercado nacional y recomendando la necesidad urgente de garantizar su unidad para potenciar el crecimiento del PIB y la competitividad de las empresas.

Entre otros inconvenientes detectados por el Ejecutivo autonómico, esta hiperregulación y la proliferación de normas por las CCAA segmentan los mercados, elevan los costes de transacción, dificultan la movilidad, discriminan y, en definitiva, lastran el crecimiento económico y la generación de empleo.