La Dirección General para el Servicio Público de Justicia del Estado ha pedido el informe respecto a la creación de tres nuevas unidades judiciales, un nuevo Juzgado de lo Social en Salamanca, un nuevo Juzgado de los Social en Segovia, y una plaza de magistrado en la Sección 1ª civil, con conocimientos en materia Mercantil, de la Audiencia Provincial de León.

Aunque la solicitud de informe del Ministerio debería explicar los motivos y fundamentos en que se justifica la modificación propuesta, se indica desde la Consejería de la Presidencia que la Comunidad desconoce, en el momento presente, la justificación que subyace en la elección de las setenta unidades que ahora se pretenden crear.

A este respecto, el consejero de Justicia señala que “si la creación de las plazas que se proponen tiene fundamento en aliviar la previsible acumulación de litigios derivados de la crisis, las plazas propuestas en Salamanca, Segovia y León serían adecuadas y necesarias”.

Sin embargo, si con ello se pretende atender a las necesidades estructurales que precisa la Comunidad, en el citado informe, se advierte que, en virtud del artículo 20 de la Ley de Demarcación y Planta Judicial de 1988, para la creación de Secciones y Juzgados se debería tener en cuenta, preferentemente, el volumen de litigiosidad de la circunscripción.

Y, en este sentido, el consejero manifiesta “la necesidad urgente también de la dotación de un nuevo Juzgado de Familia en Valladolid, de un Juzgado de Vigilancia Penitenciaria en Soria, y de un nuevo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Miranda de Ebro (Burgos), circunstancia que viene siendo contemplada, además, por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en las memorias de los dos últimos años 2020 y 2021”.