La Junta modifica la Ley de Vivienda para incluir la denominada vivienda colaborativa de protección pública y el Bono Alquiler Joven con una reforma que elimina trámites administrativos en materia de urbanismo.

El Decreto-Ley 2/2022, de 23 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para la agilización de la gestión de los fondos europeos y el impulso de la actividad económica, incluye varias medidas de reforma de la legislación autonómica en materia de urbanismo y vivienda, con el doble objetivo de impulsar la actividad económica y agilizar la gestión de los fondos europeos Next Generation.

La nueva norma modifica la Ley de Vivienda de Castilla y León para introducir las viviendas colaborativas o “cohousing” como nueva modalidad de vivienda de protección pública. El objeto de la reforma es incluir y regular esta modalidad de vivienda, muy demandada entre los jóvenes, para hacer posible su promoción en alquiler social.

Esta nueva modalidad residencial posibilita que un grupo social con necesidades, intereses y objetivos comunes puedan desarrollar su proyecto de vida en hogares independientes, pero con zonas compartidas, sufragando también de manera compartida servicios esenciales como la limpieza, la jardinería o el cuidado de los niños.

Otra de las reformas en la Ley  de Vivienda, que recoge el Decreto Ley, es la regulación del Bono Alquiler Joven y el Plan para el acceso a la vivienda 2022-2025, para adaptarse a la exigencia del artículo 65 del Real Decreto 42/2022, de 18 de enero.

Reformas

Una primera reforma recogida en el Decreto Ley consiste en eximir del procedimiento de autorización de uso en suelo rústico a las actuaciones que, referidas a servicios esenciales -generación de energía, ciclo del agua, telecomunicaciones-, solo supongan meras adecuaciones, renovaciones o ampliaciones de usos ya previamente autorizados. Esta medida ahorrará tiempos de tramitación y costes de gestión a proyectos de relevante interés social sin rebajar las necesarias garantías urbanísticas.

La eliminación de trámites, particularmente el de la necesidad de contar con un instrumento de planeamiento en las actuaciones de rehabilitación, cuando la actuación no comporte cambios en la ordenación general o detallada vigente, simplifica notablemente todo el proceso y, con ello, las posibilidades de acceso a la financiación europea, cuyos plazos son particularmente breves.

Una última reforma consiste en demorar la desclasificación de los suelos urbanizables delimitados con uso residencial hasta el 19 de octubre de 2024, eliminando la desclasificación de tales suelos cuando su uso predominante sea distinto al residencial, esto es, comercial, industrial o productivo.