Los espacios de trabajo pueden llegar a convertirse en lugares de conflicto. No en vano, las personas pasamos una gran parte de nuestro tiempo trabajando, lo que de un modo u otro puede llegar a generar tensiones. Tanto por parte de los compañeros como por parte de los propios responsables de las organizaciones. Y la labor de las empresas es generar los canales adecuados para poder identificar y frenar las malas prácticas dentro de las organizaciones.

Una de las mejores formas de gestionar posibles conflictos o para frenar malas prácticas está en la implantación de un canal de denuncias, que es, ni más ni menos, que un medio a través del cual  se puede dar a conocer las infracciones que se producen en el seno de la organización con la que un empleado o un tercero mantienen una relación de trabajo o servicios.

La utilización de este tipo de sistemas se ha incrementado en los últimos años debido a un cambio de mentalidad de las compañías que buscan abrirse a sus trabajadores, generar un buen ambiente laboral y, en definitiva, frenar cualquier tipo de abuso y de mala práctica. Pero también se ha popularizado el uso de los canales de denuncias porque la ley lo dice. O, al menos, lo dirá y hará obligatorio en los próximos meses.

En concreto, la directiva Whistleblowing, aprobada en 2019,  tiene el objetivo de incentivar la implantación de canales de comunicación efectivos en las organizaciones, tanto del sector privado como público, para realizar estas denuncias. Además, estos canales tienen que garantizar la confidencialidad de los denunciantes y su protección frente a posibles represalias.

La futura norma, que previsiblemente comenzará a ser obligatoria en el tercer trimestre del año, contempla que la obligación de implantar estos canales de denuncias será para las compañías de más de 50 trabajadores en el sector privado, mientras que en el sector público será obligatoria en toda clase.

A través de este tipo de espacios, el denunciante deberá poder hacer de forma totalmente anónima y confidencial la oportuna denuncia al poder exponer las actividades y conductas que supone un incumplimiento del código de conducta de la compañía o la posible comisión de un delito penal. Estos canales podrán ser utilizados por los propios trabajadores, aunque también pueden usarlos los autónomos que colaboran con las compañías, becarios, voluntarios…

Una forma de transparencia

Las compañías, por tanto, están obligadas a implantar estos canales que pueden ser tanto escritos como verbales. No obstante, la recomendación es que las empresas implementen soluciones tecnológicas que faciliten a los afectados hacer esas denuncias de una forma segura y anónima.

La compañía Sesame, experta en soluciones tecnológicas para empresas, ha desarrollado una plataforma de comunicación fácil e intuitiva a través de la cual es posible realizar los trámites relacionados con las denuncias en las empresas u organizaciones. A través de ella, según explican desde la compañía, los afectados cuentan con todo lo necesario para proceder en pocos clicks.

“Adjuntar la información y los documentos que justifiquen la denuncia, recibir notificaciones con la actualización de los pasos de la denuncia o supervisar el proceso, por parte del responsable asignado, son algunos de los procesos que pueden hacerse de una forma sencilla”, explican desde la empresa.

Además de cumplir con la ley, la implantación de estos canales genera otras ventajas que cada vez son más tenidas en cuenta en el mundo empresarial. Por un lado, utilizar estas plataformas pone a la ética como un valor principal y ofrece una imagen de entidad confiable.

Una confianza que se transmite tanto en el interior de la empresa como en el exterior. Y es que no hay nada más adecuado para mejorar la productividad de los empleados que sentirse que forman parte de una empresa que les defiende y que trabaja por su bienestar en el ámbito laboral.

Por ello, la utilización de plataformas como la de Sesame que facilitan la confidencialidad y la seguridad del denunciante aportan la confiabilidad en la gestión de la denuncia, y, lo que garantiza su tramitación, impacto de forma positiva tanto en la comunicación interna como externa.

Esto, además de en términos de imagen, también impacta económicamente, ya que al anticipar la comisión de posibles delitos o malas prácticas se evitan o minimizan los costes de reputación o económicos de los mismos.