El presidente de la Diputación Provincial de Segovia, Miguel Ángel de Vicente acudió el pasado lunes a la reunión de la Comisión de Diputaciones, Cabildos y Consejos insulares de la Federación Española de Municipios y Provincia que se ha celebrado en Cáceres donde ha advertido de que la subida de precios en los materiales y la propia inflación llevará a las pequeñas empresas de obra pública a la desaparición.

De Vicente considera que “sin una solución legal rápida y adecuada, muchas empresas del sector van a quedarse en una situación de máxima vulnerabilidad económica y se van a destruir muchos empleos, porque no tendrán otro remedio que renunciar a las obras, con los perjuicios que ello puede ocasionar”.

Por eso, junto al resto de presidentes de Diputación gobernadas por el Partido Popular, ha pedido elevar a la Junta de Gobierno de la FEMP que inste al Ejecutivo a “repensar el mecanismo legal previsto para, al menos, no perjudicar a las empresas que no puedan asumir el alza de los precios”. Así lo han explicado tras poner sobre la mesa cómo la escalada de los precios de la materia, los combustibles fósiles y la energía eléctrica están haciendo mella en la obra pública. Se trata, en muchos casos, de proyectos que se contrataron entre el segundo semestre de 2020 y el primero de 2021, y que se están viendo afectados en su ejecución por este fuerte incremento de los precios de los suministros.

El principal problema detectado es que el Real Decreto-Ley 3/2022, ampliado posteriormente por el RD-Ley 6/2022, aprobado para paliar el encarecimiento de las materias primas, permite en determinadas circunstancias y, a propuesta del adjudicatario, una revisión extraordinaria de precios en supuestos no contemplados por la Ley de Contratos del Sector Público. Este mecanismo, pensado para los contratos de obra del Estado, se preveía que también pudiese hacerse extensivo a los contratos de obra del resto de administraciones, CCAA y Entidades Locales, que así lo acordaran sus órganos de gobierno. Sin embargo, tal y como ha manifestado Miguel Ángel de Vicente, “se está detectando que el mecanismo, en el caso del sector público local, no está resultando útil”, por lo que han pedido en la FEMP “que el Ejecutivo repiense el mecanismo para aclarar todas las dudas y problemas que está suscitando”.

Así, ha reiterado que “se debería, al menos, con carácter excepcional y extraordinario, eximir a las empresas que no puedan cumplir con el contrato inicial por el alza de los precios, de la prohibición de contratar con la administración ante la resolución culposa del contrato”.