La convocatoria está dotada de una partida presupuestaria de 605.814,18 euros y está destinada a personas físicas y jurídicas, cooperativas agrarias, sociedades agrarias de transformación, comunidades de bienes y sociedades civiles que estén encuadradas dentro de las actividades de agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con éstas, que tengan proyectada la realización de alguna mejora destinada a la prevención de riesgos laborales de los trabajadores en los centros de trabajo de los municipios menores de 2.000 habitantes.

Como explica el diputado provincial Jaime Pérez, a través de esta línea de ayudas, viable gracias a los fondos de la Junta de Castilla y León, la Diputación quiere “que cualquier agricultor o ganadero establecido en estos municipios de la provincia que pretenda adquirir o mejorar su maquinaria agrícola o ganadera, así como mejorar los accesos en sus instalaciones o en el almacenamiento, por ejemplo, de combustibles o fitosanitarios, pueda acogerse a estas ayudas”, que, además, encuentran su razón de ser en los ODS 8, 9 y 12 de la Agenda 2030, promoviendo el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente; promoviendo también una industria inclusiva y sostenible; y garantizando modelos de consumo y producción sostenibles, al fomentar la creación y el mantenimiento del empleo y de la actividad económica justamente remunerados y en buenas condiciones laborales.

Si bien esta convocatoria, cuyas bases estarán disponibles en la web de Diputación podrá estar destinada a inversiones realizadas entre el 1 de octubre de 2022 y el 30 de junio de 2024, las personas interesadas en solicitarlas deberán estar atentas a la próxima publicación de la convocatoria en el BOP, ya que para tramitar su petición dispondrán de dos meses desde el día siguiente a su publicación en el Boletín.

Finalmente, es preciso mencionar que, según la convocatoria aprobada, para la distribución de estas ayudas, cuya cuantía por solicitud será del 50% del gasto subvencionable sin poder superar en ningún caso los 20.000 euros por demandante, se tendrán en cuenta algunos criterios de valoración, como el número de empleados, el sexo o la edad del demandante, el tipo de titularidad de la explotación o el destino de la subvención.